Comunicados

La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas – CDDHHPPII y la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, remite la presente denuncia y solicitud a todas las autoridades competentes, para la atención de 30 familias que han sido desplazadas forzadamente de sus territorios por el ESMAD y la policía, resultado del desalojo ilegal del territorio ancestral de la comunidad Wayuú Santa Clara, en Riohacha, por orden de la Inspección de Policía del municipio. La comunidad Indígena Santa Clara del Pueblo Wayuú en el kilómetro siete de la vía Riohacha – Valledupar, la conforman más de 50 familias (en su mayoría mujeres, niños y adolescentes) que habitan ancestralmente el lugar, “reconocido legalmente como parte del sistema de sitios sagrados Línea Negra – Seshiza por Decreto Presidencial 1500 de 2018”, según afirma la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras en su Oficio del 09 de mayo de 2022 (rad. 202226200393362), por lo que: SOLICITAMOS -Al ESMAD, Inspección Municipal de Policía y Alcaldía Municipal de Riohacha: Respetar el cordón humanitario conformado por la comunidad para proteger sus familias y territorio, y suspender de forma inmediata la diligencia de lanzamiento por las razones expuestas. -A las Oficinas de DDHH de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa: Las directrices nacionales para respetar y proteger el cordón humanitario, ordenar la suspensión del desalojo e impedir el uso de la fuerza armada contra la comunidad. -Al Ministerio del interior y la Consejería Presidencial para los DDHH: Coordinar las acciones interinstitucionales para proteger a la comunidad en riesgo de agresiones de la fuerza pública, despojos ilegales y desplazamiento forzado. -A la Defensoría del Pueblo: La emisión de las alertas tempranas de rigor y el acompañamiento integral requerido por la comunidad, para proteger su integridad y derechos, frenar las agresiones de la fuerza pública, despojos ilegales y desplazamientos en su contra. -A la Procuraduría General de la Nación: El seguimiento e investigación a las entidades y funcionarios públicos involucrados en el proceso de agresión armada y despojo contra esta población de especial protección constitucional. -Al Sistema de Naciones Unidas en Colombia: El llamamiento al Estado Colombiano y su acompañamiento para proteger el cordón humanitario organizado por la comunidad, evitar el desalojo, uso de la fuerza armada y desplazamiento de las familias de Santa Clara.   SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS – CDDHHPI -DECRETO 1396 DE 1996-  

Ante los incumplimientos por parte del Gobierno nacional de los acuerdos pactados desde el inicio del actual periodo presidencial, las Organizaciones de los Pueblos Indígenas de Colombia hemos decidido entrar en Asamblea Permanente. A través de Rueda de Prensa ofrecemos desde la sede de la Organización Nacional Indígena, este 21 de marzo de 2023, hemos manifestado la posición y las razones de nuestra determinación. Los Pueblos Indígenas obedecemos a ningún principio cultural milenario de equilibrio y respeto por la naturaleza que no deben confundirse con ideologías políticas de orilla. Estos son el eje fundamental que guían los principios de nuestras necesidades. Hemos apoyado el proceso político del actual Gobierno, pero hemos advertido un continuo incumplimiento de los acuerdos realizados, incluyendo los concernientes al Plan Nacional de Desarrollo. Le exigimos al Gobierno actual el respeto por el derecho a la Consulta Previa, consagrado en la Constitución Política del 91. La rueda de prensa fue convocada bajo tres objetivos principales: Informar a la opinión pública nacional e internacional sobre el estado de vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia. El país debe conocer el padecimiento que sufren nuestros pueblos. Convocar a las bases organizadas para continuar en la defensa de la madre tierra, de la vida y de la paz. Dependiendo de los diálogos con el presidente Gustavo Petro, estaremos decidiendo la posibilidad de dar inicio a una movilización nacional. Hacer un llamado al establecimiento, en cabeza del presidente, no solo a que valore, sino también a que cumpla los acuerdos suscritos con el Movimiento Indígena de Colombia. Esperamos que el diálogo sea resolutivo y se entreguen las rutas claras para la materialización de los derechos de los Las organizaciones del Movimiento Indígena, en representación de nuestros pueblos, hemos entregado un comunicado oficial con 7 puntos, en los cuales requerimos el respeto y la garantía de los derechos con los que se ha comprometido el Gobierno actual, incluyendo las salvaguardas territoriales, el fortalecimiento de los sistemas propios de salud, justicia, de ambiente y educación, la reactivación de los diálogos en torno a la construcción de la política pública de derechos humanos, la implementación de los programas para las víctimas del conflicto armado, la contención del reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y la garantía de las competencias ambientales de las entidades territoriales. Finalmente, reafirmamos la voluntad permanente de continuar con un diálogo constructivo, pero sin renunciar a la posibilidad de la movilización. Hemos confiado en un proyecto que ha hecho una apuesta por el cambio. Esperamos que este Gobierno esté a la altura del movimiento histórico que vivimos, y que podamos materializar los acuerdos en favor de la pervivencia conjunta. Seguimos caminando la palabra. Organizaciones representantes: Organización Nacional Indígena de Colombia | OPIACO | Confederación Indígena Tayrona | Autoridades Indígenas de Colombia- AICO por la Pacha Mama | Autoridades Tradicionales Indigenas de Colombia Gobierno Mayor | Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC | Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente – AISO .

La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas – CDDHHPPII, RECHAZA y CONDENA vehementemente todo tipo de violencia ejercida en contra de cualquier ser humano y promovemos la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales como patrimonio innato de todos los seres humanos;  estamos fielmente convencidos de que su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos y de todos. CONDENAMOS tajantemente lo ocurrido ayer 19 de octubre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C, hechos producto de una manifestación por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados para la atención de las comunidades indígenas desplazadas por la violencia y asentadas en territorio de Bakatá, particularmente la Nación Embera, lo cual se derivó en episodios de violencia y tratamiento mediático estigmatizante en contra de todos los pueblos indígenas del país, cabe mencionar que los pueblos indígenas privilegiamos la palabra como mecanismo cultural de solución de los conflictos. Es de aclarar que la manifestación se originó gracias al reiterado incumplimiento del Gobierno Nacional y la Administración Distrital, de los acuerdos firmados el pasado 05 de mayo entre el Gobierno y las Autoridades Indígenas en Bakatá en la “Mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional, el Distrito de Bogotá y Autoridades Indígenas en Bakatá” para los 15 pueblos originarios: Eperara Siapara (SIA), Wayuú, Emberá con sus comunidades Chamí y Katío, Kokonuko, Nasa, Dobida, Pijao, Yanakona, Monifue Uruk+, Kubeo, Korebaju, Zenú, Pastos, Muisca. Dichos acuerdos se orientaron a la garantía de sus derechos, entre ellos, el retorno o reubicación con las garantías necesarias. La movilización indígena del día de ayer se inscribió en el proceso de exigencia de cumplimiento de lo pactado y se enmarca en los principios de distancia deliberativa y violaciones sistemáticas. No obstante, el desconocimiento de atención a la movilización llevó a una confrontación entre los indígenas y personal de la policía nacional. En el marco de las movilizaciones, se han presentados señalamientos estigmatizantes que agravian la dignidad de los 115 Pueblos y Naciones Indígenas que habitamos ancestralmente el territorio colombiano, y evidencian la perspectiva de discriminación, racismo, estigmatización, exclusión estructural y de segregacionismo que aún persiste en la sociedad colombiana y los medios de comunicación en contra de los pueblos indígenas, ante la exigencia legítima de los derechos que nos corresponden como sujetos colectivos de especial protección constitucional, derechos reconocidos normativamente en virtud de las luchas y resistencia histórica que hemos enarbolado bajo la orientación de nuestros Mayores y principios, para la defensa de la vida, el territorio y la pervivencia como pueblos. La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas – CDDHHPPII, verificó la situación de los indígenas en la Unidad de Protección Integral “La Rioja” y evidenció que, pese a que ya van más de 5 meses desde la reubicación, existe un bajo cumplimiento de los acuerdos pactados, hay hacinamiento critico dentro de esta Unidad, no hay garantías de los servicios públicos fundamentales, no hay una debida atención en servicios esenciales; en resumen, existe una permanente y masiva violación de los derechos humanos. El movimiento indígena colombiano a través de la CDDHHPPII ALERTA a la comunidad nacional e internacional de la desidia con la que actúa el Estado colombiano, y especialmente el gobierno distrital, frente a la situación reiterada y sistemática de violaciones de derechos humanos de las comunidades indígenas desplazadas en Bogotá, poniendo en riesgo su pervivencia física, cultural y territorial. ALENTAMOS: Al Gobierno colombiano en cabeza de Gustavo Petro a mantener e impulsar procesos de diálogo con todas las autoridades indígenas, con el fin de evitar episodios similares al ocurrido al día de ayer en la ciudad de Bogotá D.C. RESPONSABILIZAMOS al Estado colombiano por las violaciones a los DDHH que se presenten en contra de las autoridades y comunidades que han sido sometidas a situación de exterminio físico y cultural. RECHAZAMOS, las diferentes formas de señalamiento y estigmatización sobre las autoridades indígenas, los pueblos y sus formas culturales de movilización. EXIGIMOS a la Procuraduría y el ministerio público, Contraloría, la Defensoría del Pueblo y los entes de control en salud para que hagan seguimiento a todas las declaraciones que inciten al odio y a la discriminación y pongan en riesgo la vida de los pueblos indígenas de Colombia. Inciten al odio y a la discriminación y pongan en riesgo la vida de los pueblos indígenas de Colombia. EXIGIMOS el cumplimiento inmediato de los acuerdos de la Minga y de los fallos judiciales que obligan a la atención pronta, oportuna y con pertinencia cultural por parte de la Alcaldía Mayor. LLAMAMOS a que la cobertura de medios se presente, en el marco de la libertad de prensa, el debido equilibrio e imparcialidad. Octubre 20 de 2022 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Decreto 1396 de 1996