La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas – CDDHHPPII, RECHAZA y CONDENA vehementemente todo tipo de violencia ejercida en contra de cualquier ser humano y promovemos la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales como patrimonio innato de todos los seres humanos; estamos fielmente convencidos de que su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos y de todos.
CONDENAMOS tajantemente lo ocurrido ayer 19 de octubre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C, hechos producto de una manifestación por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados para la atención de las comunidades indígenas desplazadas por la violencia y asentadas en territorio de Bakatá, particularmente la Nación Embera, lo cual se derivó en episodios de violencia y tratamiento mediático estigmatizante en contra de todos los pueblos indígenas del país, cabe mencionar que los pueblos indígenas privilegiamos la palabra como mecanismo cultural de solución de los conflictos.
Es de aclarar que la manifestación se originó gracias al reiterado incumplimiento del Gobierno Nacional y la Administración Distrital, de los acuerdos firmados el pasado 05 de mayo entre el Gobierno y las Autoridades Indígenas en Bakatá en la “Mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional, el Distrito de Bogotá y Autoridades Indígenas en Bakatá” para los 15 pueblos originarios: Eperara Siapara (SIA), Wayuú, Emberá con sus comunidades Chamí y Katío, Kokonuko, Nasa, Dobida, Pijao, Yanakona, Monifue Uruk+, Kubeo, Korebaju, Zenú, Pastos, Muisca. Dichos acuerdos se orientaron a la garantía de sus derechos, entre ellos, el retorno o reubicación con las garantías necesarias.
La movilización indígena del día de ayer se inscribió en el proceso de exigencia de cumplimiento de lo pactado y se enmarca en los principios de distancia deliberativa y violaciones sistemáticas. No obstante, el desconocimiento de atención a la movilización llevó a una confrontación entre los indígenas y personal de la policía nacional.
En el marco de las movilizaciones, se han presentados señalamientos estigmatizantes que agravian la dignidad de los 115 Pueblos y Naciones Indígenas que habitamos ancestralmente el territorio colombiano, y evidencian la perspectiva de discriminación, racismo, estigmatización, exclusión estructural y de segregacionismo que aún persiste en la sociedad colombiana y los medios de comunicación en contra de los pueblos indígenas, ante la exigencia legítima de los derechos que nos corresponden como sujetos colectivos de especial protección constitucional, derechos reconocidos normativamente en virtud de las luchas y resistencia histórica que hemos enarbolado bajo la orientación de nuestros Mayores y principios, para la defensa de la vida, el territorio y la pervivencia como pueblos.
La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas – CDDHHPPII, verificó la situación de los indígenas en la Unidad de Protección Integral “La Rioja” y evidenció que, pese a que ya van más de 5 meses desde la reubicación, existe un bajo cumplimiento de los acuerdos pactados, hay hacinamiento critico dentro de esta Unidad, no hay garantías de los servicios públicos fundamentales, no hay una debida atención en servicios esenciales; en resumen, existe una permanente y masiva violación de los derechos humanos.
El movimiento indígena colombiano a través de la CDDHHPPII ALERTA a la comunidad nacional e internacional de la desidia con la que actúa el Estado colombiano, y especialmente el gobierno distrital, frente a la situación reiterada y sistemática de violaciones de derechos humanos de las comunidades indígenas desplazadas en Bogotá, poniendo en riesgo su pervivencia física, cultural y territorial.
ALENTAMOS: Al Gobierno colombiano en cabeza de Gustavo Petro a mantener e impulsar procesos de diálogo con todas las autoridades indígenas, con el fin de evitar episodios similares al ocurrido al día de ayer en la ciudad de Bogotá D.C.
RESPONSABILIZAMOS al Estado colombiano por las violaciones a los DDHH que se presenten en contra de las autoridades y comunidades que han sido sometidas a situación de exterminio físico y cultural.
RECHAZAMOS, las diferentes formas de señalamiento y estigmatización sobre las autoridades indígenas, los pueblos y sus formas culturales de movilización.
EXIGIMOS a la Procuraduría y el ministerio público, Contraloría, la Defensoría del Pueblo y los entes de control en salud para que hagan seguimiento a todas las declaraciones que inciten al odio y a la discriminación y pongan en riesgo la vida de los pueblos indígenas de Colombia. Inciten al odio y a la discriminación y pongan en riesgo la vida de los pueblos indígenas de Colombia.
EXIGIMOS el cumplimiento inmediato de los acuerdos de la Minga y de los fallos judiciales que obligan a la atención pronta, oportuna y con pertinencia cultural por parte de la Alcaldía Mayor.
LLAMAMOS a que la cobertura de medios se presente, en el marco de la libertad de prensa, el debido equilibrio e imparcialidad.
Octubre 20 de 2022
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Decreto 1396 de 1996