Bogotá D.C., 8 de julio de 2018
Los Comisionados Indígenas con asiento en la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas
(CDDHHPI -D1396/96), reunidos en espacio autónomo, denunciamos:
- Durante 2018 el recrudecimiento del conflicto armado en nuestros Territorios refleja las realidades del posacuerdo: el abandono estatal, los nuevos rostros del conflicto armado después de la firma del Acuerdo de Paz, la reconfiguración de los actores armados, el recrudecimiento de su accionar y la expoliación de nuestros Territorios aún son circunstancias vulneratorias de nuestros derechos. La esperanza nos llevó a creer en el respeto a la vida, en el final de las persecuciones, en la salvaguarda de nuestros derechos y los de nuestros Territorios pero la realidad contradice nuestro anhelo de paz y Buen Vivir.
- En lo corrido del año se cuentan más de 10.000 hechos victimizantes en contra de los Pueblos Indígenas de Colombia en todo el territorio nacional: Confinamientos (9.422 casos).
Desplazamientos Masivos (1.047 casos), Amenazas (50 casos), Reclutamiento Forzado (25 casos) y Asesinatos (21 casos).
- En nuestros Territorios, ricos por su biodiversidad, donde la vida fluye y encuentra su equilibrio, la presencia de las armas y la violencia, como mecanismos de consolidación de poderes locales, siguen ocasionando crisis humanitarias que nos aboca a la desaparición física y cultural. Ejemplo de ello, la situación de nuestros hermanos en Choco en donde la confluencia de intereses económicos legales e ilegales, de actores armados y no armados y los factores transversales reconocidos por la Corte Constitucional: la exclusión estructural, los procesos mineros y agrícolas (explotación desmesurada de recursos), y la poca o nula protección jurídica e institucional de nuestros Territorios, hacen de nuestros Espacios Ancestrales objeto de tensiones y conflictos que nos afectan espiritual y físicamente.
- Las masacres, los asesinatos selectivos de Autoridades, líderes y lideresas Indígenas, las persecuciones y las amenazas a los defensores de derechos humanos y los hechos victimizantes contra la Madre Tierra son frecuentes en nuestros Territorios. La masacre ocurrida en el Cauca, visibilizada al ser considerada ‘noticiable’, es sólo una de tantos hechos vulneratorios ocurridos este año. Utilizar al miedo como herramienta para obtener la propiedad de nuestros Territorios parte del supuesto occidental de “desarrollo” que se aleja de la noción de Buen Vivir, en tanto esto, la Tierra es entendida como factor de producción y generador de divisas, olvidando su valor espiritual y ancestral: los Pueblos Indígenas somos los propietarios de los Territorios que nos dio la Madre, por tal motivo, debemos protegerlos y, con ellos, a toda la humanidad al mantener el equilibrio vital.
- Como muestra de lo antedicho, relacionamos algunos casos ocurridos durante junio y julio del año en curso:
a. Amenazas, tortura e intento de homicidio contra la lideresa indígena Sofia Mariño, Fiscal de la Asociación Indígena AIPEA, y amenazas contra sus hijos y su esposo y líder indígena Darío Silva.
b. Reclutamiento forzado de jóvenes indígenas en el Chocó: Comunidad Vacal (Río Apartadó y Alto Baudó) 5 jóvenes, 4 hombres, 1 mujer; Comunidad Carrizal: 2 jóvenes.
c. Confinamiento. Bojayá (Chocó): 1695 indígenas de 5 comunidades. Ñuquí (Chocó): 1548 personas de 6 comunidades (Jagua, Chorrito, La Loma, Puerto Indio, Yucal y Guadual).
d. Invasión de la Institución Educativa de la Comunidad Indígena Awa (sede Pianulpí – Resguardo Piguambi Palangala) por tropas del Ejército Nacional adscritas al batallón de Selva No. 53 Gualtal en Tumaco (Nariño).
e. Amenazas contra los compañeros indígenas Awá Jesús Ignacio Moriano, Demesio Efrén Rodríguez, Holmes Alberto Niscue Juspian, Flor Alba García Pai y Miguel Caicedo Guanga. Atentado contra Misael Nastacuas, Consejero Binacional para la gran familia Awá.
f. Confinamiento y amenazas contra la Comunidad Indígena Barí (Norte de Santander) y sus Autoridades y Líderes Tradicionales: Cacique Roque Atrevakanina, Segundo Cacique Francisco Soberbera, el líder Harol Arovonvara y el Coordinador de Derechos Humanos Alexander Dora.
g. Atentado en contra del docente indígena Gonzalo Hilamo Mesa y el confinamiento –desplazamiento de la comunidad del Resguardo Indígena Embera Chamí (La Delfina – Valle del Cauca).
h. Secuestro y tortura de los compañeros miembros de la Guardia Indígena José Gustavo Parra Gutiérrez y Sebastián Parra Gutiérrez, del Resguardo Emberá Chamí (La Delfina – Valle del Cauca), por sujetos encapuchados no identificados.
i. Detonación de explosivos en la comunidad de Siberia, Cabildo de la Laguna-Siberia (Caldono) y en el Resguardo Huellas (Cauca).
j. Amenazas contra las Autoridades de los Territorios Indígenas de los 20 resguardos del Cauca, quienes ejercen control territorial a través de la Guardia Indígena en Jambaló, Corinto, Miranda, Toribío, Caloto, Santander de Quilichao, Suárez y Buenos Aires de Cxhab Wala Kiwe.
k. Amenazas en contra de Autoridades, líderes y lideresas sociales y líderes y lideresas indígenas, y contra miembros del Movimiento MAIS a través de panfleto emitido por el Bloque Occidental de las Águilas Negras: Gobernadores Indígenas de Pradera, Florida y Miranda; Ernesto Dagua, Enelia Mestizo, Mario Guegia (Pradera), Aldiver Dagua (Guardia Mayor), Jhon Dagua, Fredy Guevara (Gobernador Resguardo La Cilia-La Calera de Miranda), Hilario Guevara (Gobernador Cabildo Páez de Corinto), Raquel Trujillo (Cacica), Julio Lulico y Militantes de MAIS.
Por Todo lo anterior:
