Bogotá D.C., 02 de abril de 2019
Señores
COMISIONADOS y demás entidades competentes
Bogotá D.C.
E. S. D.
Ref.: Coadyuvancia de la Acción Urgente emitida por la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, y la Organización Regional indígena del Valle del Cauca -ORIVAC-, por amenazas al derecho fundamental a la vida.
Cordial saludo,
Por medio del presente escrito, coadyuvamos la Acción Urgente emitida el 26 de febrero de 2019 por la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, DIH y Paz, de la Organización Nacional Indígena de Colombia
- ONIC-, y la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca
- ORIVAC-, con relación a las amenazas que han sufrido los siguientes
Consejeros de esta última organización: Enelio Opua Burgará, del pueblo Wounann; Alex Lúlico Fernández, del pueblo Nasa; Arelis Yuliana Cortéz Vitoncó; Ronald Gutiérrez Cortéz; Cristián Andrés Rivera, del pueblo Nasa; Linderman Adrada López, funcionario de la ORIVAC; y Aida Luz Arcila Patiño, en hechos que se presentaron el 26 de febrero de 2019, en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca.
De acuerdo a la denuncia que elevan las ya mencionadas Organizaciones, el día 26 de febrero de 2019, a las 11:00 de la mañana, la Consejería de Gobierno Propio de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca
- ORIVAC-, recibió amenazas de un grupo armado que se hace llamar «Frente
de Guerra Occidental y Sur de Colombia”, quien tiene como comandante Jefe a Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional -ELN-. La amenaza es recibida por medio de un panfleto, en el cual se menciona
que los consejeros son objetivos militares de este grupo armado.
Estas conductas se producen por cuanto la ORIVAC ha denunciado graves violaciones a los derechos humanos de las Autoridades Indígenas Embera Chamí, de la comunidad La Esperanza, ubicada en el municipio de Alcalá,
Valle del Cauca, ya que, en supuestos fácticos que se desarrollaron el 4 de mayo de 2017 en la finca El Edén, desaparecieron 4 miembros de este Cabildo. Sumado a lo anterior, dadas las variadas denuncias sobre estos
hechos que ha realizado el señor Rubén Darío Vélez, quien funge como Autoridad tradicional de este Cabildo, también ha sido víctima de amenazas de diferente índole, la última, registrada en su casa el día 26 de enero de 2019, pues al salir, encontró un panfleto con el logo de las águilas negras del bloque norte del Valle del Cauca, donde se declaraba objetivo militar a nuestro compañero.
Otro hecho que pone en vilo la vida de todos los indígenas amenazados, es que el Gobierno Nacional, en cabeza de las Entidades competentes se ha tornado renuente ante las solicitudes de protección, desconociendo los mandatos de la Honorable Corte Constitucional, pues en el Auto 004 de 2009, se reconocen derechos ciertos a nuestra población. Ahora bien, desde la fecha de la desaparición de los 4 indígenas Embera en la finca el Edén, se ha hecho un llamado a la Unidad Nacional de Protección -UNP- para que le asignen un esquema de seguridad a nuestros compañeros, y así evitar una violación mayor a sus derechos fundamentales; empero, hasta la fecha, no se ha respondido este requerimiento, poniendo en grave peligro la vida de estas personas.
Así, recordamos a los organismos defensores de derechos humanos, a la Vicepresidencia de la República, al Congreso, a la Defensoría del Pueblo, al Alto Comisionado Para la Paz, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a la Procuraduría General de la Nación, y demás entidades del Estado, que esta no es la única vez que en territorios indígenas se presenta este tipo de acontecimientos, pues históricamente, los anteriores han dejado una cantidad de víctimas desplazadas y asesinadas, que se han convertido en una estadística para medir la eficiencia del Estado, más no es una preocupación que se materialice en acciones positivas encaminadas a frenar esta oleada de crímenes en
contra de nuestra población,
De esta manera, viendo la gravedad del asunto y la lesividad de estas conductas sobre los derechos de miembros de nuestras comunidades, coadyuvamos la solicitud de Acción Urgente emitida por la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca. De igual manera hacemos un llamado a las organizaciones no gubernamentales, defensores y protectores de Derechos Humanos, para que visiten nuestros territorios con el fin de constatar nuestras denuncias; y a las instituciones del Estado solicitamos que:
- A la Fiscalía General de la Nación, para que, en su condición de titular de la Acción Penal, y aprovechando los medios de la Policía Judicial, investigue los hechos ocurridos con el ánimo de esclarecer las circunstancias y autores de dichas amenazas en contra de los Consejeros de la ORIVAC, con el fin de que se adelante la consecuente acción penal y se materialice la aplicación de justicia.
- A la Defensoría del Pueblo, y al Dr. FERNANDO CARRILLO, Procurador General de la Nación, para que, conforme a sus funciones misionales y legales, realice el seguimiento a la investigación que deberá realizar la Fiscalía General de La Nación.
- Al actual Director de la Unidad Nacional de Protección –UNP-, para que de conformidad con la normatividad que rige su misión institucional, tramite una MEDIDA DE URGENCIA, se establezcan y/o refuercen las MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA los compañeros en mención; y, que esto se haga en concertación con las demás autoridades indígenas de los resguardos y/o cabildos a los cuales pertenecen las víctimas de estos hechos, para que se tenga un enfoque diferencial, respecto a cada caso en concreto.
- A las Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que, en el marco de su mandato, se desarrollen las actuaciones que correspondan, previniendo que nuevas actuaciones desemboquen en más afectaciones a los derechos de los integrantes de estas comunidades indígenas.
- Solicitamos a todas las entidades con asiento en la CDDHHPI, con competencias directas, que se tomen concertadamente las medidas URGENTES a las que haya lugar, de acuerdo con sus funciones misionales y obligaciones constitucionales y legales.
- Por último, solicitamos se remita a esta Secretaría un informe detallado sobre los trámites, gestiones y respuestas dadas en relación con las solicitudes elevadas en la presente coadyuvancia, con fundamento en los alcances legales conferidos a esta Comisión en el marco del Decreto 1396 de 1996.
Para todos los efectos de los requerimientos efectuados, anexamos los siguientes documentos:
- Acción urgente emitida por la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, y la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca ORIVAC-.
Es importante señalar que la presente comunicación tiene por objeto materializar los principios de colaboración armónica y coordinación (artículos 113 y 209 de la Constitución Política), a los cuales está llamada la Comisión en observancia del estatus que ostenta su creación por decreto; además, quedamos atentos a cualquier inquietud que la presente solicitud/coadyuvancia pueda suscitar, acusando recibo del presente escrito y sus respectivos adjuntos y a la espera de pronta respuesta de las medidas urgentes tramitadas en réplica a las solicitudes relacionadas previamente.
Documento en PDF
Fraternalmente,
SECRETARÍA OPERATIVA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS – CDDHHPI