Denuncias

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y las organizaciones indígenas que la conforman, NOS UNIMOS a la denuncia realizada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana -OPIAC- y por eso DENUNCIAMOS ante la opinión pública, entes de control nacional y organismos de Derechos Humanos de la comunidad Internacional, los dolorosos hechos ocurridos el 28 de marzo de 2022 en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, los cuales representan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y el regreso a un pasado doloroso que los pueblos indígenas creíamos superado. Citando diversas fuentes, la OPIAC informa que en la noche entre el 27 y 28 de marzo, el Ejército Nacional abrió fuego indiscriminado contra los asistentes a un bazar organizado por la vereda El Remanso, quienes se encontraban celebrando en la caseta comunal. Como resultado del ataque, que incluyó artefactos explosivos, murieron nueve (9) personas, entre los cuales se encuentra el gobernador indígena en ejercicio del pueblo Kichwa de Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche, el presidente de la Junta de Acción comunal, Didier Hernández Rojas, su mujer, Ana María Sarria Barrera, un menor de 16 años, Brayan Santiago Pama, También se habla de personas desaparecidas, que presuntamente fueron tiradas al río. Además, el Ejército retiró los cadáveres en helicóptero, y nunca hubo presencia de Fiscalía, CTI o Ministerio Público. Hasta el momento, los familiares no han recogido los cadáveres pues no saben dónde se encuentran, y aún no se tiene noticia de los desaparecidos. A pesar de las irregularidades del “operativo”, la victimización por parte del Estado continuó con el pronunciamiento del Ministro de Defensa y del Presidente quienes aseguraron que se habrían producido un enfrentamiento en los cuales se había neutralizado a nueve (9) disidentes de las FARC y capturado a otros cuatro (4). Sin embargo, conforme a la información recogida, esta Comisión considera que estamos frente a un nuevo caso de “falsos positivos”, práctica muy popular en la fuerza pública colombiana, en la cual presentan como guerrilleros abatidos en combate a la población civil rural y empobrecida, para obtener reconocimientos, recompensas o simplemente para obtener réditos políticos en su lucha contra el crimen. Actualmente, la situación humanitaria en el municipio de Puerto Leguizamo es crítica y gran parte de la comunidad se encuentra desplazada ante el temor de nuevas acciones de la fuerza pública en el territorio, y por las retaliaciones que puedan llevar las denuncias realizadas. Cabe recordar que estos hechos se suman a los ataques violentos que desde años recientes años padecen las comunidades indígenas de Puerto Leguizamo, debido al enfrentamiento permanente de los grupos armados en el marco del recrudecimiento del conflicto. Desde la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas, nos solidarizamos con las familias de las víctimas y por eso DENUNCIAMOS y RECHAZAMOS todas las conductas en el marco del conflicto que involucran a la población civil, protegida por el Derecho Internacional Humanitario y del cual la responsabilidad del Estado es evidente. Por lo anteriormente expuesto, EXIGIMOS A la Presidencia de la República – Iván Duque Márquez, que, en cumplimiento de su obligación constitucional, la suspensión inmediata de las acciones militares y violentas en contra de las comunidades, así como su presencia en los territorios amenazados para proteger la autonomía territorial y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia. Igualmente, que se retracte de sus pronunciamientos en los que revictimiza la población asesinada afirmando que pertenecen a un grupo armado ilegal. Al Ministerio de Defensa – Diego Molano Bravo, que cese inmediatamente todos los crímenes de guerra cometidos, especialmente los denominados “falsos positivos”, de la que siguen siendo víctimas las comunidades indígenas y aclare los hechos ocurridos la noche del ataque, promoviendo inmediatamente las investigaciones correspondientes y suspendiendo del cargo a los militares involucrados. Asimismo, que se retracte de sus declaraciones en las que afirma que las víctimas eran guerrilleros. A la Fiscalía General de la Nación – Francisco Barbosa, la apertura de las investigaciones correspondientes para encontrar y judicializar a los responsables de esta masacre de población civil, y de los demás hechos que, en el marco de este operativo, enlutan a la comunidad indígena. De igual forma, solicitarle a la Fiscalía como parte de la jurisdicción ordinaria, que se abrogue la investigación de estos hechos, en cumplimiento de las consideraciones de la CorteIDH, en el sentido de que la jurisdicción militar no es la idónea para conocer los casos de violaciones a derechos humanos. A la Defensoría del Pueblo – Defensoría delegada para grupos étnicos, la adopción de las medidas necesarias y la asesoría, acompañamiento y apoyo requerido para las familias de las víctimas, A la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, iniciar inmediatamente las investigaciones disciplinarias correspondientes para sancionar a todos los funcionarios responsables de esta masacre y que tome las acciones necesarias para que estas acciones no se repitan. A la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR, Human Rigths Watch, Indepaz, como organizaciones de derechos humanos, apoyar a los pueblos indígenas con la denuncia realizada, la búsqueda de desaparecidos y las investigaciones correspondientes, e insten al Gobierno de Colombia proteger la integridad de la población indígena en zonas de conflicto. Denuncia_Pública_-_Masacre_-_Falso_positivo_en_Puerto_Leguizamo.pdf387.85 KB Marzo 6 de 2022COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENASDecreto 1396 de 1996-

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y las organizaciones indígenas que la conforman DENUNCIAN ante la opinión pública, entes de control nacional y organismos de Derechos Humanos de la comunidad Internacional, el lamentable fallecimiento del joven indígena Boris Ui Chumakeje, ocurrido esta semana en San José del Guaviare. Este hecho, se suma a las múltiples agresiones y padecimientos que afectan diariamente al pueblo Nukak y que refleja el abandono estatal y la tragedia generalizada de los pueblos indígenas en contacto inicial. Boris fue reclutado cuando tenía 10 años por la guerrilla de las FARC- EP, siendo instrumentalizado para la guerra durante aproximadamente 7 años, hasta cuando fue capturado en el Guaviare, siendo parte de las disidencias y posteriormente judicializado por la Fiscalía, quienes le sacaron una cédula con información falsa para conseguirlo. Estuvo preso durante dos años y medio hasta que un juez declaró su libertad por ser menor de edad al momento de los hechos , pero la persecución de la fiscalía nunca terminó. Desde entonces permaneció desplazado en Villavicencio, debido a que las amenazas por parte de grupos armados que no cesaron, no recibió atención de la Unidad para las Víctimas, ni de la Unidad Nacional de Protección, así como tampoco de la Agencia de Reincorporación y Normalización, ni del ICBF. A finales del año pasado, funcionarios del Ministerio del Interior , lo llevaron de regreso a su comunidad, Tomachipan, pero sin agotar el procedimiento legal de los retornos conforme a lo establecido en el Decreto 4633 de 2011, lo que implica cumplir con los criterios de seguridad, voluntariedad y de dignidad, dejándolo a su suerte en el territorio. Allí, Boris sufre un accidente que requiere de atención médica, y en el hospital fue diagnosticado con Tuberculosis, para lo cual le abren un cupo en un albergue en San José, donde permaneció hasta su muerte. Una muerte que además, está llena de incógnitos e incertidumbres que ahora es obligación del Hospital y del Estado aclarar, para que tanto la familia como los Pueblos Indígenas tengamos certeza de las causas reales de su deceso. La corta y dolorosa vida de Boris refleja la historia del pueblo Nukak y de los pueblos en contacto inicial en Colombia, quienes, desde el mismo momento de contacto con la sociedad mayoritaria, han debido padecer, además del abandono estatal que no satisface sus derechos fundamentales, graves afectaciones por el conflicto armado como amenazas por grupos armados, desplazamiento, despojo, confinamiento, reclutamiento, minas antipersona, violencia sexual, explotación laboral, etc. Actualmente, la situación humanitaria del pueblo Nukak continúa siendo crítica, sus derechos individuales y colectivos están constantemente amenazados y vulnerados. Desde la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas, enviamos un saludo fraterno al pueblo Nukak, solidarizándonos con su dolor por la pérdida del joven Boris Chumakeje, y todos los demás jóvenes víctimas del conflicto armado de su pueblo, y por lo tanto, DENUNCIAMOS y RECHAZAMOS todas las acciones y omisiones que afectaron su salud, ocurridas en el marco del conflicto, y fuera de él; y responsabilizamos al Estado colombiano en caso de continuar la paulatina extinción física y cultural del pueblo Nukak. Por lo anteriormente expuesto,   EXIGIMOS Al Gobierno Nacional – Iván Duque Márquez, una solución estructural y definitiva para garantizar la pervivencia del pueblo indígena Nukak, el cual lleva tres décadas padeciendo las consecuencias del conflicto armado y del abandono estatal, encontrándose en grave riesgo de extinción, como se ha establecido en múltiples fallos judiciales. Al Ministro de Salud – Fernando Ruiz, atienda oportunamente y con un enfoque diferencial, las emergencias de salud que afectan al pueblo Nukak, como la más reciente epidemia1 que persiste entresus comunidades Nukak. A la Defensoría del Pueblo – Defensoría delegada para grupos étnicos, la adopción de las medidas necesarias y la asesoría, acompañamiento y apoyo requerido para evitar que se consume el riesgo permanente en el territorio Nukak por los grupos armados, y para que conductas como el reclutamiento forzado, el desplazamiento y la siembra de minas, se detengan. A la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, velar por la protección de los derechos humanos y derechos étnicos del pueblo indígena Nukak, a través del cumplimiento de las órdenes judiciales y acuerdos que favorecen a esta comunidad.   Pronunciamiento-Fallecimiento-Joven-Nukak.pdf285.86 KB

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y las organizaciones indígenas que la conforman, unimos nuestra voz para denunciar ante la opinión pública, entes de control nacional, organismos de Derechos Humanos de la comunidad Internacional los hechos lamentables que atentan contra la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas del departamento del Chocó y que se suman a los miles de casos que en los últimos años afectan diariamente a las comunidades indígenas y respecto del cual el Estado colombiano es notoriamente ineficiente. En primer lugar, el HOMICIDIO de LUIS CHAMAPURRO QUIRO, autoridad Indígena, compañero, docente, consejero, gestor de Derechos Humanos y reconocido líder del Pueblo Indígena Wounaan. El día 3 de febrero fue retenido por miembros de un grupo armado mientras navegaba por el río San Juan y desde ese mismo día las autoridades del Chocó solicitaron acompañamiento y la liberación inmediata del compañero, sin respuesta alguna. Era reconocido por sus acciones firmes en contra de la violencia en los territorios indígenas y como defensor del enfoque diferencial en la educación de los niños indígenas del Chocó. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 8 de febrero sobre las playas del medio San Juan con varios impactos de arma de fuego. En segundo lugar, y en el marco de este mismo conflicto, en los últimos días se han presentado otros graves actos de violencia en todo el departamento que han afectado gravemente a la población indígena, como la mutilación de una pierna de un joven de 21 años, de la comunidad de Unión Pitalito, Bajo Baudó, quien se desplazaba a despedir al difunto y fue víctima de una mina antipersonal; los enfrentamientos entre el ELN y las AGC dentro del Resguardo Indígena Alto Baudó Jurubida Chorí cerca a la Comunidad de Puesto Indio, desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 pm; y el bombardeo desde un helicóptero de la fuerza pública ocasionando miedo, zozobra y colocando a nuestros hermanos indígenas en un inminente riesgo de desplazamiento, hacinamiento y muerte de inocentes. Aunado a lo anterior, los grupos armados han prohibido a las comunidades denunciar a cualquier autoridad, indígena o del Estado, las situaciones de vulneración que viven diariamente en el territorio, restringiendo el uso del celular y del internet, y amenazando a quien denuncie. Actualmente, la situación humanitaria sigue siendo crítica y la comunidad sigue en alerta máxima ante posibles ataques del grupo armado. Estos hechos se suman a los ataques sistemáticos que desde hace varios años padecen las comunidades étnicas debido al enfrentamiento permanente de los grupos armados. Desde la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas, DENUNCIAMOS y RECHAZAMOS todas las conductas en el marco del conflicto que involucran a la población civil y sus bienes, protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y por ello responsabilizamos al Estado colombiano en caso de continuar viéndose afectada la integridad de las comunidades indígenas del Chocó, especialmente en las cuencas del San Juan y del Baudó. Por lo anteriormente expuesto, EXIGIMOS Al Gobierno Nacional – Ministerio de Defensa, para que, a través de su obligación constitucional, ordene al Ejército Nacional, que, en coordinación con las autoridades indígenas, haga presencia en los territorios amenazados, y asuma el compromiso definitivo de proteger la autonomía territorial y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia. A la Fiscalía General De La Nación iniciar las investigaciones correspondientes para encontrar y judicializar a los responsables del homicidio de LUIS CHAMAPURRO QUIRO, y de los demás hechos que enlutan a los pueblos indígena. A la Defensoría del Pueblo – Defensoría delegada para grupos étnicos, para que en mérito de lo expuesto tome las medidas necesarias y brinde la asesoría, acompañamiento y apoyo requerido para evitar que se consume el riesgo presentado de forma permanente y que estas conductas no se vuelvan a repetir. A la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, para que en ejercicio de sus funciones vele por la protección de los derechos humanos y derechos étnicos de los pueblos indígenas del Chocó. A la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), como organización internacional de derechos humanos, inste al Gobierno de Colombia a proteger la integridad de la población indígena en zonas de conflicto.   Febrero 10 de 2022COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS -Decreto 1396 de 1996- Denuncia-Pública-Grave-situación-de-vulneración-en-el-Chocó.pdf596.55 KB

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y las organizaciones indígenas que la conforman unimos nuestra voz para denunciar ante la opinión pública, entes de control nacional y organismos de Derechos Humanos de la comunidad Internacional un nuevo y lamentable hecho violento que atenta contra la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas de Colombia, y que se suma a los ataques sistemáticos de los que ha sido víctima el Consejo Regional Indígena – CRIC y respecto del cual el Estado colombiano es notoriamente responsable y sus acciones se evidencian ineficientes. Ayer, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, fue asesinado el líder indígena y excoordinador de la guardia, Albeiro Camayo, cuando procedían con la expulsión de actores armados del territorio indígena del Resguardo Las Delicias. Igualmente, fueron secuestrados los menores de edad Arli Oliver Camayo Chicame y Breiner Camayo, quienes fueron liberados posteriormente en horas de la noche y ya se encuentran con sus familias. El responsable de este atentado es la autodenominada Columna Móvil Jaime Martínez, quienes desde hace meses declararon la guerra contra las comunidades indígenas del norte del Cauca, y que se suma a los atentados recientes, como el que generó la muerte de Breiner Cucuñame y Guillermo Chicame, hace apenas 10 días. Asimismo, desde el día de ayer hay enfrentamientos entre el Ejército Nacional y este grupo armado en los resguardos Toribio, San Francisco y Tacueyó, afectando gravemente la tranquilidad de estas comunidades, las cuales ya venían afectadas por las graves vulneraciones a sus derechos por el reclutamiento forzado de jóvenes, homicidios, amenazas, persecuciones y atentados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, CONDENA rotundamente los hechos descritos previamente, los cuales se suman al contexto de violencia que sufren las comunidades del norte del Cauca por causa del recrudecimiento del conflicto, poniendo una vez más en evidencia cómo la violencia arremete contra nuestros líderes, autoridades y miembros de las comunidades, en este caso del pueblo Nasa en el departamento de Cauca. Estos hechos que ponen al descubierto, una vez más, la falta de garantías estatales para la protección de la vida, la seguridad, la integridad física y cultural de nuestros pueblos indígenas. EXALTAMOS la valentía y el compromiso de este líder indígena, quien dedicó toda su vida a la defensa del territorio, de su comunidad y su cultura, y quién retornará en paz y armonía a la madre tierra que siempre defendió. De la misma forma APOYAMOS la DECLARATORIA EXPEDITA DE UN ESTADO DE EMERGENCIA Y CRISIS HUMANITARIA para el norte del Cauca y la CONVOCATORIA a los medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales, a las organizaciones sociales, al ministerio público, a las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, al CICR, a las embajadas y garantes del Acuerdo de paz, para acordar una ruta conjunta de cuidado y defensa territorial Por todo lo anteriormente expuesto, NOS UNIMOS a los pronunciamientos y denuncias realizadas por parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC y las demás organizaciones indígenas y con base en lo anterior: SOLICITAMOS: A la DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR que realice la articulación necesaria y gestión para que se instale de manera urgente una reunión con organismos estatales y no gubernamentales para la atención de estos casos y de otros que han sido denunciados reiteradamente por ACIN ante los entes competentes clamando atención urgente. A la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN iniciar las investigaciones correspondientes para encontrar y judicializar a los responsables del homicidio contra el líder indígena Albeiro Camayo. A la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION -UNP-, para que, de conformidad con su misión institucional, establezca y refuerce medidas de protección colectivas e individuales para los resguardos indígenas del norte del Cauca, en concertación con sus autoridades y con enfoque diferencial. Al MINISTERIO DEL INTERIOR, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN y DEFENSORIA DEL PUEBLO, acompañar la concertación y la investigación mencionadas, con el Consejo Regional Indígena de Cauca -CRIC-, para tomar medidas de protección individuales y colectivas con enfoque diferencial indígena para las comunidades del Cauca y luchar contra la impunidad que es la que impide las garantías de no repetición. A todos los Grupos Armados Legales e Ilegales que hacen presencia en el departamento de Cauca que respeten definitivamente la autonomía territorial y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas y de sus líderes y lideresas. A la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS – ONU, MISION DE ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE PAZ – MAPP-OEA, CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS -CRN-, COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA -CICR-, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – CIDH e INSTITUCIONES DE DDHH DE COLOMBIA realizar acompañamiento permanente a las comunidades objeto de victimización mencionadas en esta denuncia e iniciar gestiones ante el Gobierno Nacional para coadyuvar las solicitudes de los pueblos indígenas con el fin de que se garanticen sus derechos humanos y fundamentales. Enero 21 de 2022COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Decreto 1396 de 1996- DESCARGAR

La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas tuvo conocimiento de la denuncia realizada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, la cual se sustenta en los siguientes:

Informe sobre los hechos cometidos en territorio de la comunidad indígena Bellavista resguardo Predio Putumayo jurisdicción del municipio de Leguízamo departamento del Putumayo.

Desde Autoridades Indígenas de Colombia Por la Pacha Mama AICO y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Decreto 1396/ 1996), denunciamos y repudiamos contundentemente los hechos de violencia sucedidos el 26 de diciembre de 2021 aproximadamente las 9: 46 pm ocurridos en el Resguardo Indígena de Chiles en contra de la familia del señor alcalde de Cumbal del Dr. Alberto Ruano, mediante atentado terrorista detonando un carro bomba frente a la vivienda de los padres del señor alcalde.

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y las organizaciones indígenas que la conforman, unimos nuestra voz para denunciar ante la opinión pública, entes de control nacional, organismos de Derechos Humanos de la comunidad Internacional, los hechos que atentan contra la pervivencia física y cultural del pueblo indígena Siapidara y respecto del cual el Estado colombiano ha sido notoriamente ineficiente.

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblo Indígenas de Colombia, extendemos un saludo de solidaridad a la familia del joven indígena del pueblo Inga, Sebastián Jacanamejoy, al tiempo que rechazamos de manera contundente la violencia represiva con que el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Iván Duque Márquez y del Ministro de Defensa Diego Molano, han asumido la protesta social.