Denuncias

El pasado viernes 21 de abril, Claudia Queragama recibió una de las más tristes noticias de su vida, su pequeño Jadiel Grepson murió bajo el cuidado de una madre sustituta del ICBF en Bogotá. El bebé nació el 31 de enero de este año, antes de las semanas esperadas para el parto, a las 31 semanas, por lo que debió pasar sus primeros dos meses de vida internado en el Hospital de Suba. El 30 de marzo, el niño fue dado de alta, conectado a oxígeno, su madre que hace parte de la comunidad Emberá que se encuentra desplazada en la capital colombiana y alojada en la UPI de La Florida, sabía que mientras lo tuviera con ella en ese lugar, no podría brindarle las condiciones necesarias para mejorar su salud, por lo que con dolor en su corazón, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que Jadiel fuera puesto bajo el cuidado de una madre sustituta del ICBF, por un tiempo. Se sabe que el bebé presentaba problemas respiratorios, por algo estaba conectado a oxígeno, pero lo que no se sabe aún es ¿por qué en estas semanas que estuvo bajo el cuidado de una madre sustituta del ICBF, nunca se le informó a Claudia sobre el avance de salud de su bebé? ¿qué sucedió con el bebé en las últimas horas de vida? ¿por qué nunca se le informó a Claudia que su bebé estaba mal? ya que como lo cita textualmente el comunicado de prensa publicado en la página web del ICBF, “el día 21 de abril presentó algunas complicaciones respiratorias y fue trasladado al servicio de urgencias donde fallece por sus complicaciones de salud de base” y ¿por qué no hubo, ni ha habido un acompañamiento psicológico del ICBF desde el primer momento de la muerte del pequeño? Aún Medicina Legal no ha entregado el dictamen de la muerte de Jadiel, pero Claudia en medio del dolor de la pérdida de su hijo, si exige respuestas, por esta razón hoy, como Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas no solo nos unimos al dolor de su pérdida, sino también denunciamos ante la opinión pública, los medios de comunicación y el Gobierno Nacional, este nuevo caso de la muerte de un menor Emberá en Bogotá. Continuaremos acompañándola en este proceso con el fin de conocer cuáles fueron las causas reales de la muerte de Jadiel Grepson.

El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos informa a la comunidad en general y a la opinión pública nacional e internacional sobre las acciones en contra de la integridad de la comunidad de la vereda La Pila en el resguardo de San Francisco por parte de la Fuerza Pública. En la madrugada de este miércoles 12 de abril, alrededor de la 12:56 am, una unidad del Ejército, identificada como la Unidad de Operación Terrestre No.13, ingresó en la casa del comunero Germán Rivera Medina, en la vereda La Pila territorio de San Francisco, supuestamente a capturar a un miembro de un grupo armado. En el momento del ingreso a la vivienda, un soldado le disparó en la pierna al comunero Germán Rivera, hiriéndolo de gravedad. Estando herido, fue atado por las manos y los soldados trataron de trasladarlo hasta la carretera para llevárselo. La familia del comunero que se encontraba en la misma casa explicó a los soldados que él no era la persona que decían estar buscando e identificaron al comunero con su cédula de ciudadanía. Aun así, los soldados insistieron en su intento de capturarlo. La comunidad, alertada por el disparo y la discusión, llegó a la casa de los hechos y evitó que los soldados se llevaran al comunero Germán Rivera. De manera colectiva se increpó a los soldados para que se identificaran y se les mantuvo retenidos hasta que llegaran las autoridades para hacer la investigación correspondiente y se levantaran las pruebas. La comunidad mantuvo la calma incluso frente a los numerosos disparos que hicieron los soldados en sus intentos de intimidación. El comunero fue trasladado al hospital del municipio para que atendieran sus heridas. La unidad militar implicada en este ataque fue protegida por la comunidad en el sector de La Pila, mientras hacía presencia la Personería Municipal. Rechazamos todos los hechos de violencia que persisten en los territorios y que siembran las desarmonías territoriales. La defensa y cuidado de la vida son principios de nuestro proceso organizativo. Exigimos el respeto a la vida y la tranquilidad de los comuneros, así como el cese de todas las acciones bélicas en los territorios indígenas por parte de todos los actores armados.    

Denunciamos la muerte del joven Marlon Hernando García Pascal, de 19 años de edad perteneciente al Pueblo Awá. Quien fue asesinado por actores armados ilegales, el día 3 de marzo, en su lugar de residencia, ubicada en la comunidad Palermo del resguardo indígena Awá, el Gran Sábalo en Tumaco, Nariño.   Marlon, quien era un líder del resguardo y hacía parte de la Guardia Indígena, es una víctima más de los ataques que se vienen presentado desde octubre de 2022, contra el pueblo Awá por parte de los grupos armados ilegales.   EXIGIMOS al Gobierno Nacional y a las entidades competentes tomar medidas y acciones urgentes para reducir la crisis humanitaria del pueblo indígena Awá, causada por los actores armados ilegales.

Desde la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas denunciamos que, durante diciembre de 2022, los Pueblos Indígenas en Colombia fueron víctimas de graves hechos de vulneración sus derechos. Las comunidades indígenas más afectadas se encuentran en los departamentos de La Guajira, Chocó, Cauca y Nariño a nivel colectivo. En cuanto a la afectación individual a los departamentos anteriormente mencionados se suman Caquetá, Amazonas, Vaupés, Norte de Santander, Arauca y Sucre. A su vez, la confrontación armada y el desplazamiento forzado masivo se identificaron como las principales causas de vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Cabe aclarar que existe un importante subregistro debido a la ausencia de condiciones de seguridad y falta de conectividad en territorio, que dificultan los ejercicios de denuncia y seguimiento.    

Denunciamos públicamente la trágica muerte de María Camila, una bebé de tan solo dos meses de nacida, perteneciente al resguardo indígena de Tierralta, en el departamento de Córdoba. La menor falleció en espera de ser traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital San Jerónimo, luego de que la Nueva EPS se negara a atenderla por no tener el registro de nacimiento, el cual fue expedido uma hora después de su fallecimiento. Ante este cruel acto de negligencia por parte del ente de salud, solicitamos a todas las Autoridades pertinentes y al Gobierno Nacional una pronta investigación y accionar que enmarque la protección de nuestros pueblos, en especial de nuestros niños y niñas, garantizando la protección de sus derechos humanos.

Con total preocupación, unimos nuestra voz desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y las organizaciones indígenas nacionales que la conforman. Unimos nuestra voz, para denunciar ante la opinión pública, entes de control nacional, organismos de Derechos Humanos de la comunidad Internacional y demás, algunos hechos lamentables ocurridos en el departamento de Nariño. Estos acontecimientos atentan contra la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas de Colombia y se suman a los miles de casos que constituyen un genocidio, y demuestran el abandono institucional histórico del Estado colombiano. El primer hecho lamentable es la MASACRE perpetrada contra cuatro compañeros indígenas del pueblo Awá. El hecho ocurrió el pasado 31 de julio de 2021, en el corregimiento de Altaquer del municipio de Barbacoas. Adicionalmente, a estos homicidios, dos compañeros más resultaron heridos en el mismo hecho. Los compañeros asesinados y heridos pertenecían al Resguardo La Primavera del municipio de Ricaurte y al Resguardo Nulpe del municipio de Barbacoas. El segundo hecho lamentable es el HOMICIDIO de María Verónica Pai Cabezas y su bebé es período de gestación, ocurrido el mismo día 21 de julio de 2022. Nuestra compañera indígena, líder y madre Awá, fue asesinada en la vereda Vaquerio, corregimiento de Llorente municipio de Tumaco, Nariño. Maria Veronica era una lideresa del resguardo de Piguambí Palagala, y se encontraba en su sexto mes de embarazo. El cuerpo de nuestra compañera fue encontrado en la vía pública de este corregimiento con heridas de arma de fuego. Además, preocupa el alto RIESGO DE DESPLAZAMIENTO y de CONFINAMIENTO masivo forzado del pueblo Awá al que están expuestos niños, niñas, mujeres y hombres, quienes viven en constante temor por los hechos que se han presentado en lo que va corrido del año. La presencia del ELN y demás grupos armados ilegales irrumpe con la tranquilidad, paz y los derechos del pueblo Awá. En diferentes ocasiones, la Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA, la ONIC, la CDDHHPI ha manifestado la necesidad de que el Estado haga presencia en el departamento de Nariño y en los municipios de Ricaurte y Barbacoas a través de sus diferentes instituciones con el fin de prevenir más hechos lamentables como los ocurridos. Hacemos esta denuncia para evidenciar también que la respuesta del Estado continúa sin ser efectiva, y, por tanto, la violencia se sigue ensañando contra de nuestros compañeros y nuestras compañeras indígenas del pueblo Awá. Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas – CDDHHPI RECHAZA todas las violaciones a los DDHH y al DIH de la que son víctimas los indígenas del pueblo Awá, y DENUNCIA una vez más la incapacidad del Estado para prevenir, mitigar y contener estas violaciones. Hacemos pública la denuncia, y ante esta continua situación, EXIGIMOS: 1. Al Ministerio de Defensa Nacional para que de manera urgente e inmediata atienda el llamado de auxilio de las comunidades que están siendo hostigadas por los grupos armados irregulares, y que garantice las condiciones de seguridad bajo los principios y normas del DIH, siempre en respeto a un diálogo fluido y constante con las autoridades indígenas en terreno. 2. A la Fiscalía General De La Nación iniciar las investigaciones correspondientes para encontrar y judicializar a los responsables del homicidio de nuestros cuatro compañeros, de nuestra compañera María Verónica Cabezas y de su bebé en período de gestación, así como de los demás hechos que enlutan a los pueblos indígenas. 3. A la Defensoría del Pueblo – Defensoría delegada para grupos étnicos, para que en mérito de lo expuesto tome las medidas necesarias y brinde la asesoría, acompañamiento y apoyo requerido para evitar que se consume el riesgo presentado de forma permanente y que estas conductas no se vuelvan a repetir. 4. A la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, para que en ejercicio de sus funciones vele por la protección de los derechos humanos y derechos étnicos del pueblo Awá y de los pueblos indígenas de Nariño. 5. A la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), como organización internacional de derechos humanos, inste al Gobierno de Colombia a proteger la integridad de la población indígena en zonas de conflicto. 6. A la Gobernación de Nariño y a la Alcaldía de Ricaurte y Barbacoas, atender de manera inmediata la situación para la atención de los heridos, protección de las familias de las víctimas, traslado de los cuerpos y honras fúnebres. Igualmente, activar corredores humanitarios por el desplazamiento masivo y acompañamiento a la población que se encuentran en confinamiento. Agosto 1 de 2022 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS -Decreto 1396 de 1996- DENUNCIA_PÚBLICA_POR_EL_HOMICIDIO_DE_CINCO_INDÍGENAS_DEL_PUEBLO_AWÁ_Y_POR_LA_GRAVE_VULNERACIÓN_DE_LOS_DDHH_DE_LOS_PUEBLOS_INDÍGENAS_DE_LOS_RESGUARDOS_DE_NULPE_Y_LA_PRIMAVERA_Y_DEMAS_TERRITORIOS_EN_EL_DEPARTAMENTO_DE_NARIÑO.pdf