Boletínes

  NOTA: Existe un importante sub registro debido a la ausencia de condiciones de seguridad y falta de conectividad en territorio, que dificultan los ejercicios de denuncia y seguimiento.    

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y las organizaciones indígenas que la conforman, unimos nuestra voz para denunciar ante la opinión pública, entes de control nacional, organismos de Derechos Humanos de la comunidad Internacional, nuevos hechos que atentan contra la integridad física y cultural de los Pueblos Indígenas del departamento del C auca, y que se suman a los cientos de casos que diariamente afectan a las comunidades indígenas y respecto del cual el Estado colombiano es directamente responsable pero ha demostrado su ineficiencia. El día 24 de marzo, por tercera vez durante este 2022, las autoridades indígenas del Cauca y Valle del Cauca reciben amenazas a través de un panfleto, firmado por el Bloque suroccidente de las Águilas Negras, en el que anuncian como objetivo militar a los integrantes del Pacto Histórico y de asociaciones como ACIN, ASOCOMC, ACONC e INDEPAZ. Entre los nombres mencionados se encuentran líderes como el actual senador Feliciano Valencia, la candidata Francia Márquez y la senadora electa Aida Quilcué. Recordemos que este mes fue asesinado el consejero Miller Correa, quien previamente había sido mencionado en panfletos amenazantes provenientes de este mismo grupo delincuencial, razón por la cual existe un riesgo muy alto de que estas amenazas se materialicen en contra de las autoridades en los territorios, y responsabilizamos al Estado colombiano en caso de continuar la masacre sistemática en contra de nuestras autoridades. Por lo anteriormente expuesto, NOS UNIMOS a los pronunciamientos y denuncias realizadas por parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca.   EXIGIMOS A la DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR que realice la articulación necesaria y gestión para que se instale de manera urgente una reunión con organismos estatales y no gubernamentales para la atención de estos casos y de otros que han sido denunciados reiteradamente por ACIN ante los entes competentes clamando atención urgente. A la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN iniciar las investigaciones correspondientes para encontrar y judicializar a los responsables del homicidio contra el líder indígena Miller Correa. A la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION -UNP-, para que, de conformidad con su misión institucional, establezca y refuerce medidas de protección colectivas e individuales para los resguardos y autoridades indígenas del norte del Cauca y sur del Valle, en concertación con sus autoridades y con enfoque diferencial. Igualmente, para que tramite oportunamente las medidas de protección de emergencia solicitadas por los líderes indígenas. Al MINISTERIO DEL INTERIOR, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN y DEFENSORIA DEL PUEBLO, acompañar la concertación y la investigación mencionadas, con el Consejo Regional Indígena de Cauca -CRIC-, para tomar medidas de protección individuales y colectivas con enfoque diferencial indígena para las comunidades del Cauca y luchar contra la impunidad que es la que impide las garantías de no repetición A todos los Grupos Armados Legales e Ilegales que hacen presencia en el departamento de Cauca que respeten definitivamente la autonomía territorial y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas de sus lideres y lideresas. A la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS – ONU, MISION DE ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE PAZ – MAPP-OEA, CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS -CRN-, COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA -CICR-, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – CIDH e INSTITUCIONES DE DDHH DE COLOMBIA realizar acompañamiento permanente a las comunidades objeto de victimización mencionadas en esta denuncia e iniciar gestiones ante el Gobierno Nacional para coadyuvar las solicitudes de los pueblos indígenas con el fin de que se garanticen sus derechos humanos y fundamentales.   Denuncia-Pública-Amenazas-Cauca.pdf420.91 KB

Durante el año 2021, los Pueblos Indígenas en Colombia fueron Victimas de graves hechos de vulneración de Derechos Humanos en el país. Los confinamientos fueron la mayor afectación en el 2021, esto debido a los combates entre los distintos grupos armados legales e ilegales y las minas antipersona instaladas por el ELN; es importante tener la claridad que la mayoría de los casos de vulneraciones asociadas a hostigamientos, atentados y las distintas afectaciones al territorio sucedieron durante la minga indígena que se llevó a cabo en el marco del paro nacional.   A partir de la segunda mitad de 2021 el reclutamiento forzado ha venido intensificándose.   En el marco de la Minga Indígena, también se hicieron frecuentes tanto las amenazas colectivas a organizaciones, cabildos y partidos políticos indígenas, como los casos de estigmatización en todo el territorio nacional. Nota: en la actualidad se presenta un grave subregistro por miedo a la denuncia por la dificultad de acceso a la información.

Las organizaciones indígenas nacionales con asiento en la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas manifestamos nuestro rotundo rechazo al ejercicio de actualización del protocolo de análisis de riesgo para población indígena que viene adelantando de manera inconsulta la Unidad Nacional de Protección-UNP. Recordamos que en el año 2015 se concertó de manera transitoria el protocolo de análisis de riesgo para la población indígena como una acción afirmativa mientras se expedía el instrumento normativo para las medidas de protección especial para Pueblos Indígenas. Posteriormente en el marco del proceso de consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, ley 1955 de 2019, vinculante para el Estado colombiano y en la que se acordó la revisión, concertación, construcción, expedición, socialización e implementación del borrador proyecto de decreto de medidas para la protección individual y colectiva para el territorio, personas, pueblos y comunidades indígenas víctimas de amenazas. En ese sentido los Pueblos y Organizaciones Indígenas hemos realizado la socialización del documento con nuestras autoridades en los territorios y nos encontramos adelantando todas las etapas del proceso de concertación que culminará con la protocolización y expedición del instrumento. Con sorpresa en días pasados hemos tenido conocimiento por parte de otras fuentes, sobre el ejercicio de actualización del protocolo que viene adelantando la UNP sin que a la fecha se hubiera socializado su contenido con los PPII, sino que se tuvo que solicitar mediante derecho de petición. El proceso de actualización se viene adelantando en “alianza estratégica” con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), buscando fortalecer e instalar capacidades a la UNP en Enfoques Diferenciales de Género y Étnico Fase I y Fase II, desconociendo las capacidades de los Pueblos Indígenas y nuestras estructuras organizativas. No callaremos ante esta situación donde se continúa con un enfoque de racismo estructural, pretendiendo hablar sobre los Pueblos Indígenas sin los Pueblos Indígenas. Alertamos que la UNP y la OIM actúan desconociendo el principio de la buena fe y el principio de economía de la administración pública, pues mientras desde los Pueblos Indígenas estamos formulando un proyecto de Decreto cuyo fundamento se encuentra en la garantía de la vida, la seguridad personal, la integridad personal en las oficinas de la Entidad están generando un documento que vulnera el principio de progresividad y prohibición de no regresividad. Como Pueblos y Organizaciones Indígenas exigimos a la UNP que no continúe el proceso de actualización del mencionado protocolo y por el contrario atienda los espacios de concertación conjunta que tendremos en los próximos días con la mayor apertura jurídica y administrativa de forma que se dé cumplimiento a los mandatos constitucionales, legales y estándares internacionales en materia de reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. Hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales a no hacer parte de la estrategia de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas de Colombia invisibilizándonos a través de este tipo de actos y “alianzas” que vulneran directamente nuestros derechos fundamentales. Marzo 10 de 2022COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-DECRETO 1396 DE 1996-

Desde la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas – CDDHHPI, en el ejercicio de su misión de velar por la protección y promoción de los derechos humanos (DDHH) de los pueblos indígenas y de los miembros de dichos pueblos, especialmente de sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad, informamos que: Durante el año 2021, 168 líderes y lideresas sociales fueron asesinados, 48 firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados y 92 masacres fueron perpetradas con el asesinato de 326 personas, dejando al SECTOR SOCIAL INDÍGENA COMO EL MÁS AFECTADO, con un total de 55 líderes y lideresas asesinados, siendo el grupo social con mayor número de víctimas. Esto según cifras oficiales publicadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ en el más reciente informe de cifras de violencia en las regiones 2021. Así mismo, a esto se suma que en lo corrido del presente año (2022) han perdido la vida al menos 4 miembros de los pueblos indígenas, entre ellos dos menores de edad. Estos son hechos lamentables que reflejan la falta de garantías por parte del Gobierno Nacional para salvaguardar la vida y los derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia. Según el informe mencionado, los departamentos donde se concentraron la mayor cantidad asesinatos son: Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Norte de Santander y Caquetá, departamentos en donde se concentran gran cantidad de pueblos indígenas. Aunque durante el 2021 los homicidios en comparación con el año inmediatamente anterior (2020) disminuyeron a la mitad, es de remarcar que desde el 2016, año en que se firmó el Acuerdo de Paz, han sido asesinados 1.283 líderes y lideresas sociales, y las cifras de asesinatos en el país han sido centenares cada año. RECORDAMOS a la opinión pública que uno de los derechos fundamentales e inalienables de los pueblos indígenas del país es el derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad. Así, MANIFESTAMOS nuestra profunda preocupación por las altas cifras de vulneración del derecho a la vida y, así mismo, RECHAZAMOS y DENUNCIAMOS estas acciones violentas que han transcurrido durante el año anterior y que afectan mayormente a los pueblos indígenas colombianos. Hacemos un LLAMADO al Gobierno Nacional, la Fiscalía, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, y demás entidades encargadas de garantizar los Derechos Humanos de los colombianos, para que tomen medidas y adelanten las investigaciones pertinentes que permitan reducir las recurrentes vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas quienes padecen de forma desproporcionada las consecuencias de un conflicto armado que no cesa. Finalmente, queremos REITERAR nuestro compromiso y optimismo como Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas para velar por la protección de los DDHH de los indígenas colombianos a través de medidas, seguimiento, impulso de investigaciones penales y diseño de programas de atención.   Comunicado-a-la-opinión-pública-Actualizado.pdf316.06 KB

Colombia es uno de los países del mundo con mayor cantidad de víctimas de desaparición forzada. La desaparición forzada es un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribe cuándo se presente como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a la población civil, como en el conflicto armado colombiano.

La Asociación Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia -Woundeko, ponemos en conocimiento ante la Comunidad Nacional e Internacional, la grave situación de orden público que viven los habitantes del resguardo del Rio Orpua, comunidades de Playa Linda y Puerto Galve, al sur del municipio de Bajo Baudó, quienes se encuentran confinados, amenazados desde del 23 de julio y bajo un inminente riesgo de desplazamiento, a raíz del atentado ocurrido contra la humanidad de uno de los miembros de la comunidad de playa linda.

La representante legal de #GobiernoMayor Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor se pronuncia sobre el asesinato de Alison Meléndez, quien presuntamente fue abusada por cuatro (4) agentes del SMAD.

El día de hoy, 5 de mayo del 2021, el venerado exsenador y expresidente, Don Álvaro Uribe Vélez, publicó en sus redes sociales un trino donde confunde una camioneta claramente identificada con los colores del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con un vehículo del ELN. No es el primer incidente de este tipo. Por ello, el CRIC, en representación de las 127 Autoridades Tradicionales en él reunidas, desea comunicar a la opinión pública colombiana lo siguiente: