Boletínes

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 11 de diciembre de 2022 la Resolución 70/2022, mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor de Jhon Anderson Ipia Bubu, en Colombia, tras identificar que se encuentra en una situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos.   Según la parte solicitante, el señor Jhon Anderson Ipia Bubu es un líder indígena del Pueblo Nasa del Resguardo Indígena Kwe’sx Yu Kiwe, delegado del pueblo Nasa como coordinador político en distintos espacios y docente etnoeducador. La parte solicitante informó que, desde en 2021, el señor Ipia Bubu sufrió distintas amenazas de muerte por parte de grupos armados ilegales y fue declarado “objetivo militar”, por lo que tuvo de desplazarse del Resguardo hacia la zona urbana, como medida de seguridad. No obstante, el 18 de septiembre de 2022, Jhon Anderson Ipia Bubu habría recibido un impacto de disparo de arma de fuego en su brazo derecho. Posteriormente, el señor Ipia Bubu habría recibido otra amenaza de muerte. La parte solicitante afirmó que las medidas adoptadas por el Estado no garantizan la protección efectiva del propuesto beneficiario.   El Estado informó que el señor Ipia Bubu es beneficiario de la ruta individual del Programa de Prevención y Protección desde el 2021 e indicó haber realizado gestiones para la implementación de medidas preventivas a su favor. Asimismo, indicó que las medidas de protección determinada por la UNP consisten en un chaleco antibalas y un medio de comunicación y que la Resolución que otorgó dichas medidas de protección no fue recurrida por el propuesto beneficiario. No obstante, tras los hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2022, la UNP habría activado una nueva evaluación de riesgo por hechos sobrevinientes. Del mismo modo, informó que la Fiscalía estaría investigando el ataque ocurrido el 18 de septiembre de 2022, actualmente en estado de indagación.   La Comisión valoró las acciones desarrolladas por el Estado, al mismo tiempo observó que la situación de vulnerabilidad del señor Ipia Bubu y los factores de riesgo no habían sido mitigados. Los solicitantes hicieron referencia a la continuidad de las amenazas de muerte y a la insuficiencia de las medidas de protección adoptadas por el Estado. Asimismo, la Comisión no ha recibido información sobre el avance en las distintas investigaciones por los hechos de amenazas denunciados por el propuesto beneficiario entre 2021 y 2022.   Por consiguiente, en los términos del Artículo 25 de su Reglamento, la CIDH decidió otorgar la medida cautelar y solicitó al Estado de Colombia que: a) adopte las medidas necesarias, con el correspondiente enfoque étnico, para proteger los derechos a la vida e integridad personal del señor Jhon Anderson Ipia Bubu; b) adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que el señor Jhon Anderson Ipia Bubu pueda continuar ejerciendo su liderazgo indígena sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia; c) concierte las medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.   El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.   La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

La Comision de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas CDDHHPPII junto a las Autoridades Tradicionales Indigenas De Colombia – Gobierno Mayor presentaron al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA y a la delegación del Gobierno Nacional, el Protocolo de Práctica, Uso y Porte de Elementos Ancestrales y Tradicionales. Un documento con el cual se espera orientar a las Entidades Públicas y Privadas y la ciudadanía en general, sobre la Ruta de Atención y Tratamiento frente al manejo, transporte y movilidad de los elementos #Ancestrales y #Tradicionales, por parte de los Pueblos Indígenas. Los cuales han llegado a interpretarse como comportamientos “antijurídicos”, registrándose detenciones y judicializaciones injustificadas de Autoridades y miembros de Pueblos Indígenas, por el uso y porte de hojas de palma para techar, de estructuras óseas, plumajes/pelajes y elementos provenientes de la fauna silvestre, de medicinas tradicionales o las plantas sagradas que se utilizan para su elaboración y el porte de Bastones de Mando (en vuelos comerciales por considerarse objetos contundentes), pero que deben ser entendidos como usos y costumbres consuetudinarios que se ajustan a la Ley de Origen, el Derecho Mayor y los Sistemas de Conocimientos Propios.  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas CDDHHPPII, en sesión conjunta con la Mesa Permanente de Concertación MPC y la Unidad de Investigación y Acusación UIA, de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, logro la protocolización del ABC de la metodología de la Investigación de delitos cometidos contra los pueblos Indígenas en el marco del conflicto armado. Metodología que tiene como objetivo identificar, ubicar y contactar a los integrantes de los pueblos indígenas afectados o involucrados, así como a sus representantes o autoridades tradicionales y espirituales respetando la jurisdicción especial indígena.                                      

Hoy se completa el tercer día de diálogo y concertación de gobierno a gobierno, entre la Agencia para la Reincorporación de la Normalización ARN y las organizaciones Nacionales indígenas. En el marco de la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC) y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Esta reunión se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá. El Programa Especial de Armonización Indígena “Caminos para volver al origen” se está realizando a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPPII) y tiene como propósito el diseño de una política pública de armonización propia de los Pueblos Indígenas, que ponga en el centro a las comunidades indígenas que han sido desarmonizados por efecto del conflicto armado interno, especialmente por el reclutamiento forzado de integrantes de las comunidades indígenas, una práctica que no puede verse apartada de la coacción de la que han sido víctimas los Pueblos Indígenas, indistintamente de su rango etario. Finalmente, este programa, además de establecer los principios rectores, medidas de armonización, fases, rutas, lineamientos, y mecanismos de seguimiento que orientarán el proceso de armonización de los participantes indígenas y comunidades afectadas, busca establecerse como ruta fundamental en futuros procesos de DDR que adelante el Estado colombiano a través de las instituciones gubernamentales y los agentes estatales encargados de las negociaciones con los grupos armados y de manera diferencial a los indígenas que hayan pertenecido a las fuerzas militares por cualquier modalidad (conscriptos o profesionales). De igual manera, el programa busca ser el referente principal en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública generada en el marco de dichos procesos.

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (en adelante CDDHHPPII), en el desarrollo de las labores otorgadas en el Decreto 1396 de 1996 en defensa de los 115 Pueblos Indígenas que habitan el territorio nacional, ha realizado una labor de seguimiento y sistematización de los casos en los que se vieron vulnerados los derechos humanos y territoriales de los Pueblos Indígenas a nivel nacional. Para lo anterior, en enero del presente año, creó un Observatorio de Derechos Humanos cuyo objetivo es ponerse al servicio de los Pueblos y Organizaciones indígenas colombianos para el registro, la sistematización y el seguimiento de la atención a dichos casos. Así las cosas, el Observatorio de Derechos Humanos de la CDDHHPPII, en cabeza de la autoridad del pueblo Murui Carlos Garay, Secretario Operativo de la misma, presenta a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y a la opinión pública en general, el primer Informe semestral del año 2022 acerca de las afectaciones a los Derechos Humanos en contra de los Pueblos Indígenas a nivel nacional. El informe expone las cifras de afectaciones registradas en las bases de datos del Observatorio, discriminadas por Pueblo Indígena, tipo de afectación y departamento, para el periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta de junio de 2022.  De esta manera, presentaremos a continuación el balance acerca de las cifras registradas de hechos victimizantes, afectaciones y víctimas indígenas durante los primeros seis meses del año por Pueblo, departamento, tipo de afectación y tipo de responsable; y, en segundo lugar, se presentará una serie de conclusiones y recomendaciones para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y territoriales de los Pueblos Indígenas en el territorio nacional.   Descargue Aquí PDF Boletín_Semestral-2022_CDDHHPPII.pdf

La Coordinación de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC-, en trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas – CDDHHPPII-, presentan, desde su Observatorio de Derechos Humanos, el primer boletín de Afectaciones a los Derechos Humanos y Territoriales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario – DIH- perpetrados en contra de la población indígena de enero a abril del año 2022. Debido a la gravedad de la situación en materia de Derechos Humanos en que se encuentran los 15 Pueblos Indígenas que habitan el departamento de Putumayo, y la urgencia de divulgar y ampliar los mecanismos de atención, seguimiento y verificación a su situación, el presente boletín centrará su análisis en los hechos victimizantes que han sucedido durante los primeros cuatro meses de 2022 en contra de la población indígena de este departamento. Así las cosas, se presentará a continuación un contexto de la situación en materia de Derechos Humanos del departamento de Putumayo en términos generales. En segundo lugar, se compartirán las cifras de hechos victimizantes, víctimas y afectaciones ocurridas en contra de la población indígena del departamento que han sido registradas y sistematizadas por el Observatorio de Derechos Humanos de la CDDHHPPII y la OPIAC. Por último, se presentarán detalladamente dos casos que resultan particularmente llamativos por la gravedad de los hechos o por la sistematicidad de los mismos. Estos son el caso de la ejecución extrajudicial de dos personas en la vereda Alto Remanso, por parte del Ejército Nacional; y el homicidio de una mujer perteneciente al Resguardo Indígena Siona El Hacha a manos del grupo Comandos de Frontera, como parte de una estrategia de control del territorio que vienen desarrollando los actores armados ilegales desde el año 2020. Descarga Aquí Boletín_Trimestral_DDHH.pdf  

Foto extraida de choco7dias.com https://choco7dias.com/masacre-en-bajo-baudo-asesinados-cinco-chocoanos-en-orpua/ Desde la Comisión de Derecho Humanos de los Pueblos Indígenas coadyuvamos la denuncia presentada por la Organización Indígena Gobierno Mayor en relación con el secuestro y posterior asesinato de cuatro estudiantes indígenas del pueblo Wounan. Los lamentables hechos perpetrados por el Clan del Golfo, ocurrieron el departamento de Chocó, en el municipio de Bajo Baudó, en el resguardo Buena vista, al lado del río Orpúa El listado de las víctimas fatales es el siguiente: 1. Luis Alberto Ismare Chamarra, c.c. no. 1.077.645.377 de Bajo Baudó, cursaba el grado 11, tenía 22 años y hacía parte del comité del Cabildo de Buenavista. 2. Albis Puchicama Barrigón, c.c. no. 1.077.630.696 de Bajo Baudó, quien acababa de graduarse como técnico en primera infancia con CETCHO, tenía 25 años. 3. Erofio Membache Carpio, c.c. no.1.077.644.799 de Bajo Baudó, cursaba grado 5, tenía 25 años y hacía parte del comité del Cabildo de Buenavista. 4. Jhonsy Membache Carpio, c.c. no. 1.077.644.885 de Bajo Baudó, cursaba el grado 11, tenía 23 años y hacía parte del comité del Cabildo de Buenavista. El día 21 de junio de 2022 los jóvenes fueron secuestrados por el Clan del Golfo, cuando se encontraban en Playa de Orpúa en donde aprovechando sus vacaciones estudiantiles, estaban trabajando en una finca como jornaleros. Según relato de testigos, siete hombres armados se llevaron a estos jóvenes en contra de su voluntad, así como también a José Antonio Hurtado Montaño, afrodescendiente quien había contratado a estos jóvenes para la labor y era el dueño de la finca. Siete días después de su secuestro, aunque aún no se han hallado sus cuerpos, se hace cada vez más certera y cercana la información dada, por distintos actores relacionados, de que estas cinco personas fueron asesinadas. Como consecuencia de los hechos narrados, solicitamos: Se adelanten todas las acciones necesarias y de forma inmediata para la entrega de los cuerpos de Luis, Albis, Erofio y Jhonsy jóvenes indígenas estudiantes del pueblo Wounaan, a sus familiares, así como el de Jose Antonio, hermano afrodecendiente. Se realicen todas las investigaciones necesarias para esclarecer los lamentables hechos para que no queden en la impunidad, y se tomen todas las declaraciones y denuncias correspondientes con celeridad y eficiente, por parte del Ministerio público, Fiscalía General de la Nación y las demás entidades competentes. A las alcaldías y entidades territoriales, apoyen esta situación, brinden ayudas humanitarias a la población que lo necesite, y brinden garantías para el normal desarrollo en paz de las marchas pacíficas convocadas. Se requiere con urgencia la constitución de un Consejo de Seguridad Nacional que se desplace al departamento del Chocó y en el que se adopten políticas públicas eficientes para la prevención de afectaciones y violaciones a los derechos humanos de la población indígena de dicho departamento. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DENUNCIA_Y_RECHAZA_LA_MUERTE_DE_4_ESTUDIANTES_WOUNAAN_EN_EL_DEPARTAMENTO_DEL_CHOCO.pdf

La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas DENUNCIAMOS y ALERTAMOS a la comunidad nacional e internacional sobre los hechos que siguen ocurriendo en Colombia y en contra de los Pueblos y Naciones Indígenas, que nos lleva cada día al exterminio físico y cultural por una guerra que nos obliga a un desplazamiento forzado, donde asesinan a líderes y lideresas como estrategia de guerra para debilitarnos. Colombia hoy lamenta el asesinato de más de 1000 líderes sociales desde el año 2016[1], ante la impávida mirada de un gobierno saliente que permitió el debilitamiento de movimientos sociales y silenció la defensa de los DDHH. Hoy lamentamos la muerte del líder indígena del pueblo Misak JESÚS ANTONIO MONTAÑO, quien, tras haber desaparecido desde la semana pasada, apareció asesinado en la ciudad de Popayán. Por lo anterior: RECHAZAMOS y CONDENAMOS estos actos de violencia en contra de nuestras comunidades indígenas siendo estas uno de los grupos más afectados: homicidios, desplazamiento, violaciones, desapariciones, entre otros, donde es evidente el recrudecimiento del conflicto armado y la el efecto de la violencia en nuestros territorios. Por tanto, EXIGIMOS al Gobierno Nacional para qué adopté medidas efectivas de protección contra los líderes indígenas amenazados. A la Fiscalía General de la Nación para que investigue las condiciones en que se dio el hecho y lleve a la justicia a los actores materiales e intelectuales. A la UNP para que presente un informe detallado de cuál fue el rol del esquema de protección del señor Jesús Antonio Montaño durante su desaparición. A la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus funciones legales, vigile el proceder de las entidades competentes y garantice los derechos fundamentales de la familia del fallecido.      COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS [1] https://www.dw.com/es/m%C3%A1s-de-900-l%C3%ADderes-sociales-asesinados-en-colombia-desde-2016/a-57257906

Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC- y su Observatorio de DDHH, reportan fectaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de mayo 2022.