Boletínes

Durante décadas, el Estado ha violado los derechos territoriales y culturales de los 115 pueblos indígenas de Colombia, demanda tras demanda, denuncia tras denuncia, alerta tras alerta, los oídos del Gobierno Nacional y de los organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos fueron indiferentes, hasta hoy, cuando el pueblo U´wa logró ser escuchado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública, en Chile, marcando de esta forma un hito en la defensa de los derechos de los pueblos ancestrales. El pueblo o Nación U´wa, como también se les conoce, se encuentra ubicado en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Santander y Norte de Santander, el cual viene denunciando desde el año de 1992, el otorgamiento de licencias por parte del Estado colombiano a diferentes empresas para desarrollar actividades de todo tipo económico (en especial petroleras), sin su consentimiento, las cuales han atentado no solo contra el territorio ancestral, sino contra pueblo, que ha sido catalogado por la Corte Constitucional como uno de los 36 pueblos indígenas colombianos en riesgo de extinción física y cultural. Así, han transcurrido 25 años luchando por la defensa de la Madre Tierra y esperando ser escuchado, lo que hoy se hace tangible, cuando esperamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallé a su favor, mañana 26 de abril, en el reconocimiento de la vulneración de los derechos territoriales, culturales, políticos, de acceso a la información y a la propiedad colectiva. Por ello, han solicitado sean reparados por el Estado colombiano a través de cuatro componentes: medidas de compensación, medidas de restitución, medidas de satisfacción y las garantías para la no repetición. Desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, queremos agradecer a la Nación U´wa por este logro en materia de Derechos Humanos, continuamos apoyándolos en su lucha y esperamos que este sea el primer paso para que los 115 pueblos indígenas en el país puedan en un futuro cercano volver a vivir pacífica y armoniosamente la Madre Tierra, sin ningún tipo de amenaza externa.

Mañana, se cumple un año de la masacre en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, en medio del desarrollo de una operación militar de las Fuerzas Militares, en contra de alias ´Bruno´ y alias ´Managua´, pertenecientes a los “Comandos de Frontera”, a pesar de que esa comunidad llevaba tres días disfrutando de un bazar donde se esperaba recoger fondos para la construcción de una placa huella. El resultado de la supuesta operación militar o como también se ha llegado a reconocer ejecución extrajudicial, fue el asesinato de 11 personas, entre ellas el gobernador indígena kichwa, Pablo Panduro Coquinche del resguardo Bajo Remanso, el Presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa embarazada, y una menor de edad. Víctimas que en primeras informaciones dadas por el Ministro de Defensa del momento, Diego Molano, fueron catalogadas como integrantes de las Disidencias de las Farc. Es así como un año después de esta masacre, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas (CDDHHPPII) junto a la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), han decidido conmemorar esta triste fecha con el desarrollo de una misión humanitaria en la vereda Bajo Remanso y un plantón en apoyo a las víctimas y sus familias, al igual que en señal de protesta hacia las entidades del Estado que tiene a cargo esclarecer este lamentable acontecimiento. También invitamos a Colombia, a la misión internacional y a los medios de comunicación, para que todos unamos nuestras voces para pedir al Gobierno del Presidente Gustavo Petro, ayuda para que se pueda esclarecer la verdad y que por fin se haga justicia y no sea este, otro caso más de impunidad ante un falso positivo, ya que lo único que se ha adelantado judicialmente al respecto, es la orden de investigar a seis altos militares por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Participamos en la sesión preparatoria del Foro Permanentemente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, en la Maloka del Jardín Botánico en Bogotá.   Un evento inspirado en la espiritualidad y la conmemoración de la vida, dónde se destacó la complementariedad entre hombres y mujeres y la integración de diferentes Pueblos Indígenas del mundo, unidos por un solo objetivo, la pervivencia de la sabiduría ancestral.   El  Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indíegnas, Carlos Garay, también aprovechó este espacio para presentar un informe general sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Colombia.

Participamos en el Foro Nacional Pluralismo y Garantías para la no Repetición, organizado por Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)  junto a USAID Colombia Global Centre for Pluralism, cuyo objetivo fue la presentación de la herramienta Monitor Mundial del Pluralismo, con la que se espera ayudar a los líderes políticos, educadores y agentes sociales, entre otros, a identificar y desarrollar políticas y prácticas más inclusivas en todos los sectores de la sociedad.   Esta herramienta recoge y organiza datos a nivel local, regional e internacional, que en el caso de los Pueblos Indígenas de Colombia, servirá no solo para obtener más información sobre la vulneración de los Derechos Humanos, sino también para ser un puente de cooperación con otras comunidades indígenas mundiales.   Entre las recomendaciones del Monitor Mundial de Pluralismo para Colombia, se encuentra el correspondiente a los derechos de las poblaciones indígenas, entre los que se destaca la formación de autoridades y jurisdicciones especiales que permitan resolver conflictos intercomunitarios, al igual que las obligaciones especiales respecto a los derechos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, junto a otros compromisos legales que no se han aplicado.

Nos reunimos con Earth Rights International Comision, con el objetivo de articular un trabajo cooperativo para la prevención, promoción y protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Colombia y América Latina.   Esta ONG tiene como enfoque la lucha y protección de los derechos humanos, ambientales y territoriales de las comunidades étnicas a nivel internacional, sobre este tema, en Colombia se está trabajando en el caso del Pueblo U´wa y las vulneraciones a su integridad ancestral, social y el reconocimiento territorial de la Sierra Nevada del Cocuy.   Nuestra meta, a través de esta alianza, es dar a conocer a nivel internacional las problemáticas que afectan la pervivencia de nuestros hermanos indígenas.

Estuvimos presentes en la inauguración de la emisora Nuwam Radio de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, que nace con el objetivo de fortalecer el derecho a la información de los Pueblos Indígenas que se encuentran en las regiones más apartadas del país.   En su programación virtual diaria, se podrán escuchar temas sobre derechos territoriales indígenas, las dificultades en los territorios, además de los proyectos que se estarán desarrollando para el bienestar de los pueblos ancestrales.   Al aire, el Secretario Técnico de la CDDHHPPII, Carlos Garay, destacó el importante papel que tendrá este medio para la difusión de los DerechosHumanos de las comunidades indígenas.

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de 126 personas defensoras en el 2022, resultado de la violencia contra ellas; y reitera su llamado a los Estados a adoptar medidas urgentes para garantizar la protección de quienes defienden derechos humanos. El último cuatrimestre del año registró 42 asesinatos de personas defensoras que son de conocimiento de la Comisión Interamericana, mientras que de enero a agosto fueron 84. Un gran número de estos asesinatos se cometieron en contra de personas defensoras indígenas, afrodescendientes, del medio ambiente y territorios. En Brasil, durante los últimos cuatro meses del 2022 se registraron al menos 8 asesinatos de personas defensoras, según información de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH). En diciembre fue asesinado Raimundo Nonato Silva de Oliveira integrante del Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) en Araguatins, Tocantins. En noviembre, Cleijomar Rodrigues Vasques, defensor indígena Guarani Kaiowá LGBTI en Amambai, Mato Grosso do Sul y Nhandesy Estela Verá defensora indígena Guaraní en Japorã, Mato Grosso do Sul. Entre septiembre y octubre fueron víctimas de asesinato, el líder indígena Yanomani Cleomar Xirixana en Napolepi, Alto Alegre; el defensor indígena Pataxó Gustavo Conceição en Comexatibá, Patax; el defensor indígena integrante de la Guardiões da Floresta, Janildo Oliveira Guajajara en Amarante do Maranhão, Maranhão; Jael Carlos Miranda Guajajara defensor indígena Guajajara en Arame, Maranhão; y Vitorino Sanches, líder indígena Guarani Kaiowá en Amabai, Mato Grosso do Sul y quien había sobrevivido a un intento de asesinato en su contra el 2 de agosto. Colombia es el país que más asesinatos registra en el periodo mencionado, OACNDUH verificó 26 casos, y 20 que se encontrarían en proceso de confirmación. Entre noviembre y diciembre, fueron asesinados el líder social Filadelfo Anzola Padilla en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar; la lideresa indígena Yermi Chocué Camayo, en Morales, Cauca; el líder comunal Edgar Omar Ayala Pinto en Cúcuta, Norte de Santander; el líder indígena Juvencio Cerquera en Sotará, Cauca; los líderes indígenas Francisco Sarco Pipicay y Carlitos Urágama Cano en Quibdó, Chocó; y el líder social Carlos Andrés Posada en el municipio de Ituango, Antioquia. También en Colombia, entre septiembre y octubre fueron asesinados el líder social Natanael Díaz en Magangué, Bolivar; el líder social afrodescendiente Edinson Murillo Ararat en Santander Quilichao, Cauca; el líder social Rigo Alape en Puerto Leguízamo, Putumayo; el líder social Ferney Morales en Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo; el líder social afrodescendiente Fredy Mena Oregón en Lloró, Chocó; el líder comunal afrodescendiente Silvio Landazury Castillo en Mocoa, Putumayo; el líder comunal Rafael Emiro Moreno Garavito en Montelíbano en Córdoba; el líder social Gildardo Alonso Ríos en Fortul, Arauca; el líder social Sócrates Sevillano y su esposa en Orito, Putumayo; y el líder social afrodescendiente Adelmo Balanta en Buenos Aires, Cauca; el líder social William Pedraza en Leticia, Amazonas; la lideresa Luz Angelina Quijano Poveda en Bucaramanga, Santander; la lideresa Sandra Patricia Montenegro el en Palmira Valle del Cauca; el líder sindical Sibares Lamprea Vargas en Barrancabermeja Santander, el líder social Luis Antonio Charry en El Paujil, Caquetá; el líder social Frai Torres Marroquín en el corregimiento de Ciénaga, Magdalena; el líder indígena Diocelino García Bisbicus en Tumaco, Nariño; el líder social Dinael González Criado en Tibú, Norte de Santander; y la lideresa indígena Clemencia Arteaga lideresa en Villagarzón, Putumayo. Por su parte, el Defensor del Pueblo, registró un total de 215 asesinatos de personas defensoras durante el 2022, siendo el año con el mayor número de casos desde el 2016. El Estado de Colombia informó a la Comisión estar investigando los casos mencionados. Indicó que, desde el 2016, la Fiscalía General de la Nación cuenta con una estrategia específica para la investigación y judicialización de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en el país, bajo el estándar internacional de la debida diligencia. Indicó que, actualmente la Unidad Nacional de Protección (UNP) protege a 3,067 líderes sociales. Asimismo, destacó una serie de medidas que se estarían implementando a fin de rescatar el enfoque de seguridad humana para la defensa de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, desde un enfoque diferencial individual y colectivo. Colombia señaló que uno de sus principales objetivos es el cese de los asesinatos y agresiones contra personas defensoras y liderazgos sociales. En Guatemala, de acuerdo con información pública, fue asesinado Tereso Cárcamo Flores integrante de Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en Aldea de La Paz en el sector Jiménez, Jalapa, en diciembre. El Estado guatemalteco informó a la Comisión que se encuentra realizando la investigación penal correspondiente, conduciendo las respectivas diligencias a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos e individualización de las personas responsables. En Honduras, OACNUDH registró el asesinato de al menos dos personas defensoras en los últimos cuatro meses del 2022. En diciembre, fue asesinado Mauricio Esquivel, defensor de derechos humanos de la tierra y el medio ambiente, Tocoa, departamento de Colón. En octubre, fue asesinada Melisa Núñez, defensora en Morocelí, departamento de El Paraíso. En México, cifras de OACNUDH indican que al menos 4 personas defensoras fueron asesinadas. En noviembre, fue asesinada María del Carmen Vázquez, madre buscadora, en Abasolo, Guanajuato. En octubre fueron asesinados el defensor ambiental Jesús Manuel García en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; el defensor ambiental Filogonio Martínez Merino, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca; y Esmeralda Gallardo, madre buscadora, en Puebla, Puebla. En Perú, OACNUDH registró el asesinato de Vilca Ampichi López, defensor ambiental indígena y jefe de la comunidad nativa de San Juan de Pachitea ocurrido en diciembre en Puerto Inca, Huánuco. Adicionalmente, entre septiembre y diciembre de 2022, la Comisión recibió información sobre discursos estigmatizantes que buscan desacreditar la labor de defensa de derechos humanos. Estos discursos provienen incluso de las más altas autoridades del Estado como en El Salvador, México y Venezuela. El Estado de El Salvador, destacó el pleno reconocimiento y respeto hacia la labor de defensa de derechos humanos, garantizado su protección a través de una sólida institucionalidad. Respecto a

Bogotá, D.C., 16 de febrero de 2023. La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas CDDHHPPII, adscrita al Ministerio del Interior, en cumplimiento de las funciones otorgadas en el artículo 2 del Decreto 1396 de 1996, en especial de hacer seguimiento e impulsar a las investigaciones penales y disciplinarias que se lleven a cabo en relación con las violaciones graves de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, se permite informar a la opinión pública que: Exalta la decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación al establecer por medio de pruebas y testimonios, la posible responsabilidad de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares, en la muerte del gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, perteneciente al pueblo Kichwa y otras 10 personas, durante la operación del Ejército Nacional, adelantada el 28 de marzo de 2022, en la vereda El Alto Remanso en Puerto Leguizamo, Putumayo.   Esta Comisión se permite concluir, luego del seguimiento y las investigaciones respectivas, que estos actos en cabeza del Estado colombiano, fueron una clara violación al principio del Derecho Internacional Humanitario a la Distinción, el cual establece que es obligación de las partes que actúan en un conflicto armado, distinguir entre civiles y combatientes, y atacar solo los objetivos militares.   SOLICITAMOS a la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación, den celeridad al proceso, ordenen de manera oportuna el recaudo de nuevas evidencias y realicen las acciones tendientes a sancionar a todos los funcionarios responsables de esta masacre, garantizando así los derechos a la defensa y al debido proceso de víctimas e investigados.  

Bogotá, D.C, 23 de enero del 2023. La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, adscrita al Ministerio del Interior, en cumplimiento de las funciones otorgadas en el artículo 2 del Decreto 1396 de 1996, SE SOLIDARIZA con nuestros hermanos del pueblo Awá, quienes lamentablemente continúan siendo víctimas de la continuidad y la exacerbación de la violencia y el conflicto armado en Colombia y, por ende, el agravamiento de la crisis humanitaria, dejando una vez más en evidencia la ausencia del Estado en los territorios ancestrales del resguardos Awá de Piedra Sellada y Sangulpi Palmar jurisdicción del Distrito Especial de Tumaco, departamento de Nariño. La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, RECHAZA todo hecho que afecte directa o indirectamente los derechos humanos de los Pueblos indígenas en Colombia. CONDENA los hechos de confinamiento, desplazamiento forzado, amenazas, homicidios, la presencia de grupos organizados o no organizados, la contaminación de nuestros territorios con MAP/MUSE/AEI y la violación al derecho internacional humanitario en los territorios ancestrales del pueblo Awá. Coadyuvamos el Comunicado 001 de 2023 publicado por la Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA, en ese sentido EXIGIMOS al Gobierno Nacional, atender las denuncias de esta organización y promover las acciones de prevención humanitaria para proteger y garantizar los derechos humanos del pueblo Awá. EXHORTAMOS a Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, efectuar el seguimiento y vigilancia a las acciones realizadas por los organismos del orden local y nacional, realizar labores de monitoreo permanente sobre la situación de Derechos Humanos que afecta a los resguardos de Piedra Sellada y Sangulpi Palmar, en el Distrito Especial de Tumaco, Nariño. SOLICTAMOS a los MAPP-OEA y ONU a que atiendan este caso en el marco de sus mandatos de misión en Colombia y realicen las debidas solicitudes al Estado colombiano para que las autoridades competentes coordinen sus acciones y brinden una atención integral y oportuna; y así contrarrestar el exterminio físico y cultural del pueblo Awá de Nariño.

Bogotá, D.C, 23 de enero del 2023. La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, adscrita al Ministerio del Interior, en el marco del cumplimiento de sus funciones otorgadas en el artículo 2 del Decreto 1396 de 1996, ALERTA y DENUNCIA la grave crisis Humanitaria y de salud pública en la que se encuentran las comunidades de Jumara Carra, Buenavista, La Victoria, Punto Caimito, Dosbocas, Cedral, pertenecientes al Resguardo Embera Katio del Municipio de Juradó, Chocó debido al brote de paludismo que afecta gravemente a más de 1.250 indígenas del municipio de Juradó. En el 2021 inicio el brote de paludismo en el Resguardo Embera Katio del municipio de Juradó y en otras comunidades del pueblo indígena Embera Dobidá del Chocó, solo el año pasado se identificaron 590 casos positivos de paludismo y en lo corrido del 2023 van 72 casos positivos. DENUNCIAMOS que se está brindando la atención adecuada, con garantías y enfoque indígena, para atender esta crisis de salud pública, ya que no hay suficientes medicamentos en el centro de salud del municipio y muchos de los casos positivos por esta enfermedad se devuelven a sus territorios sin ni siquiera iniciar su tratamiento médico, situación que se considera como una barrera de acceso a la salud en este municipio, la falta de recursos y de acceso a la cabecera municipal, es otra de las barreras que impiden la garantía del derecho fundamental a la salud de las comunidades indígenas de Juradó. EXIGIMOS a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia que de acuerdo con su misionalidad, verifiquen y atiendan inmediatamente esta situación, garantizando así el derecho fundamental a la salud de las comunidades indígenas Embera Katío de Juradó, que se encuentran afectadas por la enfermedad de paludismo y de esta manera realice la coordinación regional con las entidades promotoras de salud y demás actores y sectores que ejerzan acciones y funciones relacionadas con la intervención de los determinantes sociales de la salud bajo el principio de enfoque diferencial indígena. EXHORTAMOS a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, efectuar el seguimiento y vigilancia a las acciones realizadas por los organismos del orden local, realizar labores de monitoreo permanente sobre la situación de Derechos Humanos y de salud pública que afecta a las comunidades de Jumara Carra, Buenavista, La Victoria, Punto Caimito, Dosbocas, Cedral, pertenecientes al Resguardo Embera Katío del Municipio de Juradó, Chocó. SOLICITAMOS a los MAPP-OEA y ONU a que atiendan este caso en el marco de sus mandatos de misión en Colombia y realicen las debidas solicitudes al Estado colombiano para que atienda la situación con enfoque étnico diferencial para contrarrestar y prevenir afectaciones mayores y contrarrestar el exterminio físico y cultural del pueblo Embera Dobidá del Chocó.