Alertas Tempranas

Nuevamente, las problemáticas de salud afectan a los niños indígenas del Chocó, en esta ocasión 10 pequeños del pueblo indígena Emberá Dobidá, pertenecientes a la comunidad Jagual Chintadó, del Resguardo Rio Jagual Chintadó, ubicado en el municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó, debieron ser trasladados, el día de hoy, hacia el municipio antioqueño de Turbo, vía aérea con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, luego de reportarse la muerte de cuatro menores de edad en las últimas semanas. De acuerdo a la información ofrecida por el Gobernador de la comunidad Jagual, Diomedes Rubiano, los síntomas que presentan los niños son: fiebre, diarrea, vómito, tos, dolor de cabeza, asfixia y granos en la piel. Igualmente, adultos mayores y otros habitantes de la comunidad muestran la misma sintomatología. Desde el sábado, día en el que la organización de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor denunció y alertó sobre esta situación, la Secretaría Técnica Indígena de la CDDHHPPII emprendió junto a Gobierno Mayor, la articulación con el gobierno nacional, departamental y de los municipios de Riosucio y Turbo el traslado de 12 niños y un adulto mayor con sus respectivos acompañantes, hacia el hospital Francisco Valderrama del municipio antioqueño, donde ya reciben atención especializada. Además, se logró no solo el traslado de los niños, sino también la atención a la comunidad en el territorio, por parte de un equipo médico integrado por profesionales de Quibdó y Riosucio. Es así como desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, extendemos un agradecimiento a todas las instituciones y entidades del orden nacional, departamental y municipal que colaboraron y se comprometieron en está ocasión con la niñez indígena del Chocó. Y esperamos que el Gobierno Nacional se comprometa en garantizar el derecho a la vida, salud e integridad física de las comunidades indígenas del Chocó y en especial de su niñez.

Alertamos sobre la violación a los Derechos Humanos del Pueblo Sikuani, comunidad Barrulia, en Puerto Gaitán, Meta, al ordenarse por la Alcaldía el desalojo de su territorio, usando la fuerza pública. Cabe resaltar, que este pueblo indígena está declarado según el Auto 004 del año 2009 de la Corte Constitucional de Colombia, como uno los 36 pueblos en inminente riesgo de desaparición física y cultural. A esto se suma su condición de víctimas de despojo, confinamiento y desplazamiento forzado, por lo que entre 2016 y 2019, las comunidades indígenas de Iwitsulibo, Tsabilonia, San Rafael Warrojo y Barrulia del pueblo Sikuani, solicitaron a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la garantía de sus derechos territoriales y la protección de sus territorios ancestrales, según lo establecido en el Decreto 2333 de 2014. Después de una espera de más de cinco años, el 17 de mayo de 2022, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT da respuesta a una de las cuatro solicitudes, la que corresponde a la comunidad de Barrulia, determinando no reconocer la ocupación histórica de este territorio ancestral por no haberse ejercido “ocupación continuada sobre el mismo”, sin tener en cuenta su carácter de seminómada y nómada, además del desplazamiento al que ha sido sometido por causa de la violencia. Ante esta negación al derecho a un territorio, la alcaldía de Puerto Gaitán ordenó el desalojo de los predios ocupados por esta comunidad indígena, usando la fuerza policial, causando en la comunidad de Barrulia, angustia y zozobra por la vulneración de los derechos fundamentales, de los cuales dependen su pervivencia y su propia existencia. Desde la CDDHHPPII, haremos seguimiento y vigilancia a la situación de nuestros compañeros y también demandamos a la ANT, resolver las cinco solicitudes de revocatoria directa que desde noviembre de 2022 fueron interpuestas en contra de la Resolución que expidió la ANT. Además, alertamos a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría regionales del departamento del Meta, garanticen el derecho al territorio de las comunidades indígenas del pueblo Sikuani de la altillanura.

Informe sobre los hechos cometidos en territorio de la comunidad indígena Bellavista resguardo Predio Putumayo jurisdicción del municipio de Leguízamo departamento del Putumayo.

Desde nuestra organización lamentamos la negativa constante por parte del Gobierno Nacional, para tener un acercamiento real a través de un gran diálogo nacional con todos los sectores sociales, estudiantiles, populares e indígenas.

ALERTA COMUNIDAD URGENTE

Bogotá D.C., 16 de agosto de 2019 Señores Comisionados y demás entidades competentes Bogotá D.C. E. S. D. Ref.: Solicitud de Acción Urgente por las violaciones sistemáticas al pueblo indígena Siona, específicamente del resguardo de Buenavista, departamento del Putumayo. Cordial saludo, Por medio del presente escrito y atendiendo a las graves violaciones que ha sufrido el pueblo Siona del departamento del Putumayo, este despacho emite una solicitud de ACCIÓN URGENTE por los variados hechos que se han presentado dentro y fuera del territorio de esta comunidad, específicamente del Resguardo de Buenavista, departamento del Putumayo, por cuenta de la presencia de diferentes actores armados –tanto legales como ilegales- que hacen presencia en el lugar. De acuerdo con los múltiples documentos que llegan a este despacho, se sabe que 33 militares pertenecientes a la brigada 27 violaron la Soberanía del Resguardo Indígena de Buenavista, ubicado en el departamento del Putumayo, razón por la cual fue necesaria la acción de la Guardia Indígena para lograr que los uniformados se replieguen. Adicionalmente, cuando la Guardia realizaba el control de soberanía, los militares, de forma irónica, manifestaron que su vestimenta era similar a los uniformes de la brigada 48 de las FARC, hecho que muestra la estigmatización que vive nuestra población. Según diferentes testimonios que brindaron miembros de la guardia indígena, hay constancia de la renuencia de varios soldados cuando se solicitó la salida del lugar, adicionalmente, en los diferentes registros fotográficos quedó consignado tal hecho, al igual que lo contenido en párrafos anteriores. Estos hechos suponen una pronta acción de las autoridades, al igual que un control efectivo de las diferentes operaciones que realiza la fuerza pública, pues estas representan un peligro para la comunidad. Estos hechos indican la grave situación en la que se encuentran las comunidades indígenas del departamento del Putumayo, pues constantemente son flancos de violaciones a sus derechos, esto sin que haya una respuesta efectiva por parte del Estado. Así, la sumatoria de estos hechos refleja la necesidad imperante tomar medidas urgentes que contribuyan con la cesación de estos hechos que dañan el tejido social de nuestras comunidades, vulneran bienes jurídicos de extrema relevancia y evitan que podamos ejercer nuestros derechos de forma libre y sin restricción, como lo establece la Carta Política de 1991. Por lo antedicho, y viendo la gravedad de las violaciones sistemáticas de las que ha sido víctima la población indígena Siona, esta Comisión EMITE LA SOLICITUD DE ACCIÓN URGENTE; asimismo, hacemos un llamado a las instituciones nacionales e internacionales protectoras de derechos humanos para que vinculen estos hechos a sus informes, y exhortamos al Estado para que por medio de su institucionalidad asuma responsabilidades que permitan cesar estos hechos, especialmente: 1. A la Defensoría del Pueblo, y al Dr. FERNANDO CARRILLO, Procurador General de la Nación, para que, conforme a sus funciones misionales y legales, realicen seguimiento a los hechos y se decreten las garantías y sanciones necesarias. 2. A la personería municipal del municipio de Puerto Asís, para que verifique los hechos descritos, y desde su competencia se decreten las garantías necesarias en materia de exigibilidad de derechos ante las entidades obligadas a actuar, para prevenir y proteger a las comunidades indígenas del departamento. 3. Al ministerio de Defensa para que verifique el actuar de funcionarios públicos y como encargado de revisar el actuar del Ejército Nacional motive la investigación disciplinaria correspondiente y se decreten las sanciones a las que haya lugar. 4. A las Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que, en el marco de su mandato, se desarrollen las actuaciones que correspondan, previniendo que nuevas actuaciones desemboquen en más afectaciones a los derechos de los integrantes de la comunidad indígena. 5. A las organizaciones de la sociedad civil solidarias con los Pueblos Indígenas, para que en el marco de sus funciones misionales incluyan estos casos en sus informes anuales y emitan pronunciamientos de respaldo a la comunidad indígena que se moviliza para la defensa de sus derechos. 6. Solicitamos a todas las entidades con asiento en la CDDHHPI, con competencias directas se tomen concertadamente, las medidas URGENTES a las que haya lugar, de acuerdo con sus funciones misionales y obligaciones constitucionales y legales. 7. Por último, solicitamos se remita a esta Secretaría un informe detallado sobre los trámites, gestiones y respuestas dadas en relación con las solicitudes elevadas en la presente coadyuvancia, con fundamento en los alcances legales conferidos a esta Comisión en el marco del Decreto 1396 de 1996. Para todos los efectos de los requerimientos efectuados, anexamos los siguientes documentos: Registro fotográfico y de video de los hechos ocurridos. Audio donde se indican particularidades de lo sucedido. Denuncia en redes sociales emitida por el Resguardo Indígena Buenavista: Es importante señalar que la presente comunicación tiene por objeto materializar los principios de colaboración armónica y coordinación llamada la Comisión en observancia del estatus que ostenta su creación por decreto; además, quedamos atentos a cualquier inquietud que la presente solicitud/coadyuvancia pueda suscitar, acusando recibo del presente escrito y sus respectivos adjuntos y a la espera de pronta respuesta de las medidas urgentes tramitadas en réplica a las solicitudes relacionadas previamente. Fraternalmente, SECRETARÍA OPERATIVA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS – CDDHHPI Documentos PDF 16082019BorradorDenuncia_PresenciaEjercol Acción Urgente comunidad Siona – Buenavista (1)184.16 KB Acción Urgente comunidad Siona – Buenavista (1)

Bogotá D.C., 01 de agosto de 2019 Señores COMISIONADOS y demás entidades competentes Bogotá D.C. E. S. D. Ref.: Coadyuvancia de la Acción Urgente emitida por la Organización Nacional indígena de Colombia -ONIC- por el desplazamiento, amenazas, combates y enfrentamientos en la comunidad indígena de Santa Teresita, departamento del Chocó. Resguardos afectados: Embera Katío, Jumara Carra, Santa Teresita de Juradó, Wounaan y Embera.