2025 SOBRE LOS PUEBLOS Y TERRITORIOS INDÍGENAS.

1. Introducción

Durante el año 2024 y el primer semestre de 2025, los pueblos indígenas en Colombia han enfrentado graves afectaciones a sus derechos a la vida, la integridad y la pervivencia cultural, en un contexto caracterizado por el recrudecimiento de la violencia armada, el incumplimiento de garantías estatales y la expansión de economías ilegales en territorios ancestrales. A pesar de los compromisos asumidos por el Estado en el marco del Acuerdo Final para la Paz —incluyendo medidas de protección colectiva y mandatos constitucionales como la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 004 de 2009—, las agresiones continúan en ascenso, impactando a comunidades, autoridades tradicionales, liderazgos indígenas, procesos organizativos y el territorio mismo.

El periodo analizado revela un escenario sostenido de victimización que incorpora homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento, confinamientos, amenazas, violencias basadas en género y graves afectaciones territoriales. En numerosos casos, estos hechos no ocurren de manera aislada, sino que responden a dinámicas sistemáticas derivadas de disputas por el control territorial, la imposición de proyectos extractivos, la presencia permanente de grupos armados ilegales y la insuficiente presencia institucional en los territorios indígenas.

Esta situación no solo compromete los derechos fundamentales de los pueblos y territorios indígenas, sino que además coloca en riesgo inminente su pervivencia física, cultural y espiritual como sujetos colectivos de especial protección. El territorio como pilar de los sistemas de conocimiento propios, continúa siendo el escenario central de disputa y el lugar donde se materializan las agresiones que enfrentan los pueblos.

Este boletín presenta los principales hechos victimizantes y las formas específicas de violencia que continúan afectando a los pueblos indígenas, así como sus exigencias y llamados para garantizar sus derechos, proteger sus territorios y salvaguardar su pervivencia física, cultural y espiritual frente a un contexto de riesgo permanente. El boletín tiene una vocación de permanencia por lo que, la información aquí suministrada debe ser constantemente actualizada y está sujeta a la incorporación de otras fuentes oficiales que complementen el contenido cuantitativo y cualitativo que aquí se desarrolla.

1. Principales Hechos Victimizantes Documentados

A lo largo de las últimas décadas, distintos pueblos en el territorio nacional han enfrentado múltiples hechos victimizantes derivados del conflicto armado interno y el abandono estatal. Estos hechos, caracterizados por su diversidad y gravedad, reflejan patrones de violencia ejercidos por diferentes actores armados y evidencian las afectaciones diferenciadas que recaen sobre los pueblos y territorios indígenas. La siguiente información presenta una descripción organizada de los principales hechos victimizantes registrados, con el fin de ofrecer un panorama claro sobre las dinámicas de vulneración, sus modalidades y el impacto generado en las comunidades afectadas.

1.     Confinamiento de comunidades indígenas.

Para el año 2024, más de 138.000 personas fueron víctimas de confinamiento por hechos con relación directa o indirecta con alguno de los ocho (8) conflictos armados no internacionales que se reportan en el país. De esa cifra, se estima que el 66% corresponden a pueblos indígenas, donde los departamentos más afectados fueron Chocó, Cauca, Putumayo y Nariño. En lo que corre del año 2025 se registran alrededor de 77.000 víctimas de confinamiento, registradas en 137 episodios violentos los cuales se concentran principalmente en Chocó, Cauca y Nariño.

El confinamiento sigue siendo uno de los hechos victimizantes más graves y menos visibilizados que afectan a los pueblos indígenas en Colombia durante el 2024 y el primer semestre de 2025. Esta forma de violencia se manifiesta de manera directa sobre el territorio y la vida colectiva, restringiendo la movilidad de las comunidades, impidiendo el acceso a alimentos, salud, educación, medios de subsistencia y prácticas culturales esenciales.

El confinamiento ha sido impuesto principalmente por la presencia y actuaciones de grupos armados ilegales que ejercen control territorial, siembran artefactos explosivos, instalan minas antipersonal, implementan retenes, amenazan a las comunidades o decretan prohibiciones o limitaciones de tránsito. Estos mecanismos buscan doblegar a la población, forzar el silencio, impedir el contacto con el exterior, interrumpir procesos organizativos o, en muchos casos, presionar por el abandono del territorio.

En los territorios indígenas más afectados, el confinamiento ha resultado en desabastecimiento de alimentos y medicinas, aumentando los niveles de desnutrición infantil y morbilidad general; cierre de escuelas y suspensión de actividades educativas, afectando gravemente a los niños, niñas y jóvenes indígenas, interrupción de la movilidad para pesca, caza y recolección, socavando la seguridad y soberanía alimentaria indígena, así como impactos culturales y espirituales, al impedir prácticas ceremoniales, rituales y de conexión con los lugares sagrados.

El confinamiento ha agravado  el riesgo de reclutamiento forzado, violencia sexual, individualización de liderazgos y fragmentación interna de la vida comunitaria. Para muchas autoridades indígenas, estos hechos constituyen un ataque directo contra la libre determinación y la pervivencia cultural de los pueblos originarios. A pesar de las alertas tempranas emitidas por autoridades indígenas, organizaciones de derechos humanos y sistemas comunitarios de protección, la respuesta estatal ha sido en gran medida insuficiente, tardía o desarticulada. En varios casos, las comunidades continúan confinadas durante meses o incluso años, sin acceso integral a acciones de protección humanitaria, ni soluciones estructurales de seguridad territorial.

2. Desplazamiento forzado (masivo e individual)

En el año 2024 según los sistemas de monitoreo oficiales del Estado, se registraron 177.000 víctimas, de las cuales 7.877 son indígenas y los territorios más afectados son Cauca, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Para los registros del primer semestre del año 2025 se reportan 58.160 personas afectadas por desplazamiento donde 32.000 son indígenas. Dentro de los territorios que reportan mayor afectación están Norte de Santander, Bolívar, Cauca, chocó y Nariño.

El desplazamiento forzado continúa siendo una de las afectaciones más graves que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia, especialmente durante el 2024 y el primer semestre de 2025. Este hecho victimizante no solo implica la expulsión física de las comunidades de sus territorios ancestrales, sino que representa una ruptura profunda del vínculo espiritual, cultural y político que sustenta la vida de los pueblos en territorio.

Los desplazamientos se han producido en contextos de confrontaciones armadas, amenazas directas, presiones de grupos ilegales, imposiciones de control social y territorial, presencia de minas antipersonal y expansión de economías extractivas ilegales. En muchos casos, el desplazamiento es precedido por periodos de confinamiento o por agresiones selectivas que aumentan el miedo colectivo, obligando a las familias a abandonar sus casas, sus cultivos, sitios sagrados y redes comunitarias.

En varios territorios, los desplazamientos son cíclicos o reiterados, lo que significa que las comunidades deben abandonar sus casas varias veces al año, o que retornan sin condiciones de seguridad y vuelven a desplazarse. Este patrón prolonga la emergencia humanitaria y profundiza la vulnerabilidad física y emocional de las comunidades.

Al verse obligadas a salir de su territorio, las familias indígenas pierden sus formas de organización, gobierno propio y prácticas culturales esenciales. La dispersión rompe los lazos de solidaridad, debilita a las autoridades tradicionales y afecta la transmisión de saberes. El territorio es el eje de la identidad indígena, al dejarlo, las comunidades se ven impedidas de realizar ceremonias, cuidar los sitios sagrados, practicar la medicina ancestral o mantener los ciclos agrícolas y espirituales. El desplazamiento se convierte así en una amenaza directa a la pervivencia física y cultural de los pueblos, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional.

3. Desaparición y afectaciones por artefactos explosivos.

En lo que corre del año 2025 se reportan 107 casos de desaparición dentro de los cuales 23 corresponden a indígenas. Ahora bien, se registran 340 afectaciones por artefactos explosivos por detonación controlada o minas antipersonales.

Las cifras reportadas para el primer periodo de 2025 evidencian un escenario de alto riesgo para los pueblos indígenas en el marco del recrudecimiento del conflicto armado y la persistencia de múltiples actores armados en los territorios. Los 107 casos de desaparición, de los cuales 23 corresponden a personas indígenas, reflejan no solo la continuidad de esta práctica como mecanismo de control social y territorial, sino también la desproporcionalidad del impacto sobre los pueblos étnicos, que con frecuencia enfrentan patrones de violencia vinculados a la disputa por corredores estratégicos, rentas ilícitas y control poblacional. La participación del 21,4 % de víctimas indígenas dentro del total nacional es especialmente significativa si se tiene en cuenta que estas comunidades representan un porcentaje minoritario de la población total del país, lo que evidencia un riesgo diferenciado y un subregistro estructural.

En cuanto a las 340 afectaciones por artefactos explosivos, detonaciones controladas o minas antipersonales, estas dan cuenta de la persistencia de un fenómeno de alto impacto humanitario que limita la movilidad, restringe actividades de subsistencia y profundiza el confinamiento de comunidades enteras. Para los pueblos indígenas, estas afectaciones no solo implican lesiones físicas o pérdida de vidas, sino también daños profundos al territorio como espacio de vida y espiritualidad, desarticulación de rutas tradicionales, impedimento del acceso a fuentes de alimento y alteración de prácticas culturales que dependen del libre tránsito en zonas selváticas o rurales.

La convergencia entre desaparición y presencia de artefactos explosivos evidencia un patrón de presión territorial orientado a controlar la movilidad, fragmentar la cohesión comunitaria y limitar la autonomía de las autoridades indígenas. Ambos fenómenos están asociados a disputas entre grupos armados por el dominio de áreas estratégicas, la expansión de economías ilegales y el uso del territorio étnico como plataforma para actividades de minería ilegal, narcotráfico y control de corredores de movilidad. En conjunto, estos hechos configuran un escenario de violencia sistemática y riesgo extremo para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, que exige respuestas diferenciales, medidas colectivas de protección y una presencia integral del Estado que supere el enfoque exclusivamente reactivo o militarizado.

• Los actores armados.

Para el 2025 los grupos armados ilegales en Colombia suman alrededor de 25.278 integrantes, configurados entre militantes y redes de colaboradores. En particular, el ELN reporta una conformación de casi 6.500 miembros, mientras que los diferentes grupos que se crearon después del proceso de desmovilización de las FARC – EP, son alrededor de 14000 personas dentro de sus filas.

Según reportes del Comité Internacional de la Cruz Roja, en 2025 mantiene contacto con el 64 % de los grupos armados de preocupación humanitaria, es decir, aproximadamente 245 grupos, y tiene un diálogo operativo con cerca del 60 % de ellos para negociar acceso humanitario y condiciones de seguridad. Esta red de interlocución revela que muchos de esos grupos ejercen un poder territorial relevante y, al mismo tiempo, están reconocidos por organismos humanitarios como actores con los que es necesario interactuar para proteger a la población civil.

Los grupos armados en Colombia no son únicamente una amenaza militar, sino un entramado social y logístico con estructura organizada. El hecho de que casi la mitad de sus miembros estén en combate y la otra mitad en redes de apoyo sugiere resiliencia institucional y una capacidad de regeneración significativa frente a acciones de neutralización. La interlocución del ICRC con la mayoría de estos grupos confirma su relevancia estratégica, ya que tienen control territorial y poder para negociar con organismos internacionales, lo que implica que su desarticulación no es solo un asunto militar sino también humanitario.

El reclutamiento de menores, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes, demuestra que estas organizaciones aprovechan la vulnerabilidad social y étnica para incorporar jóvenes en su maquinaria operativa. Esto no solo perpetúa la violencia, sino que reproduce las desigualdades estructurales: la falta de oportunidades, la debilidad institucional y el abandono estatal hacen que estas poblaciones sean un recurso para los actores armados. En conjunto, las cifras sugieren que el conflicto armado no ha retrocedido, sino que ha evolucionado hacia formas más complejas, organizadas y con profundo arraigo territorial. Por ello, cualquier estrategia estatal debe combinar acciones militares, humanitarias y de protección social, con un enfoque diferencial para comunidades étnicas, para debilitar de forma sostenible estas estructuras.

1. Conclusión

El presente boletín, además de presentar de manera cuantitativa las afectaciones que experimentan los pueblos y territorios indígenas, tiene como propósito visibilizar las brechas estructurales en materia de seguridad, asistencia humanitaria, articulación interinstitucional e implementación efectiva de los enfoques diferencial indígena y territorial. Su adecuada adopción resulta indispensable para garantizar respuestas oportunas, pertinentes y culturalmente adecuadas frente a los riesgos y vulnerabilidades que actualmente enfrentan estos pueblos.

Los pueblos y territorios indígenas están sujetos a una dinámica de violencia sistemática y estratégica ejercida por actores armados con intereses directos en el control territorial y de las economías locales. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Colombia coexisten ocho (8) conflictos armados no internacionales, cuyos desarrollos tienen un impacto desproporcionado en territorios ancestrales localizados en departamentos como Amazonas, Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Cesar y Norte de Santander. Estos contextos de confrontación armada generan riesgos diferenciados y profundizan la afectación de sus derechos colectivos.

Las estructuras de autoridad tradicional y las formas de gobierno propio se encuentran sometidas a amenazas constantes derivadas tanto de la presencia de actores armados como de la insuficiente capacidad estatal para garantizar protección efectiva. Esta situación compromete la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. En relación con el reclutamiento forzado, cuando se trata de comunidades indígenas, sus efectos trascienden la vulneración individual: producen rupturas en el tejido social, alteran los sistemas de transmisión de saberes y comprometen los mecanismos comunitarios de protección y continuidad cultural.

El confinamiento masivo limita la movilidad, restringe el acceso a medios tradicionales de subsistencia y afecta los sistemas de conocimiento y prácticas productivas que sostienen la vida comunitaria, como la caza, la pesca y la agricultura de base ancestral. A su vez, el control territorial ejercido por los actores armados configura dinámicas de dominación sociopolítica que han sido descritas como formas de “colonización social”, en la medida en que no solo implican restricciones físicas, sino la imposición de normas y comportamientos que contrarían la cosmovisión y autonomía de los pueblos y territorios indígenas.

1. Referencias:

• Comité Internacional de la Cruz Roja — Balance Humanitario / Humanitarian report 2025 (Balance Humanitario versión digital 2025).
• CODHES — Situación humanitaria en Colombia: 2024 (monitoreo SISDHES; informe 2025 sobre 2024).
• Defensoría del Pueblo — alertas, boletines y cifras sobre homicidios de líderes, desplazamientos y confinamientos (cortes 2024-2025).

• Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). (2024, diciembre). Memorias de vida y armonías IV [Informe].

• Unidad para las Víctimas / DatosPaz (RUV) — informes de desplazamiento forzado (I y II semestre 2024).
• Reuters / prensa especializada — aumento de víctimas por minas en 2024 (citas a ICRC).

• Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). (2024, julio). Memorias de vida y armonías II [Informe].
• Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). (2025, marzo). Micro-informe ODPI enero-marzo 2025.

• OCHA / ACNUR — reportes humanitarios y situacionales 2024–2025 (diagnósticos y estimaciones).

• Norwegian Refugee Council – NRC. (2025). Reporte semestral de escuelas seguras 2025.
• Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR. (2025). Actualización Balance Humanitario 2025.