Fuertes enfrentamientos entre grupos al margen de la ley causan el desplazamiento masivo comunidades indígenas del Resguardo Catrú, Dubaza y Ancozó en el municipio Alto Baudó departamento del Chocó.
El pasado 20 de mayo se presentaron fuertes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el resguardo indígena Catrú, Dubaza y Ancozó en el municipio Alto Baudó departamento del Chocó.
El enfrentamiento, que se produjo en horas de la tarde, y se mantuvo por cuarenta minutos, genero el desplazamiento de los indígenas de la etnia Embera Dobidá de las comunidades Santa Catalina, el sector Catrú Central y las comunidades de población afrodescendiente, Puerto Aracely y Bella Vista, comunidades receptoras que no cuentan con las condiciones mínimas para recibir a las comunidades desplazadas y a lo que se suma la amenaza de la pandemia COVID-19.
Esta zona históricamente ha tenido presencia de grupos al margen de la ley y se han denunciado en reiteradas ocasiones los casos de asesinatos, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento, aciones por minas antipersonal, señalamientos y amenazas individuales y colectivas a las que el Gobierno no ha prestado la debida atención.
La Comisión de Derechos Humanos de la organización nacional, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, emite la solicitud de acción urgente, para que las autoridades competentes se desplacen al sitio de los hechos, y en coordinación con las autoridades indígenas, ingresen al territorio para que se realice la verificación de los hechos y la debida atención a las comunidades desplazadas, hace un llamado a las instituciones nacionales e internacionales protectoras de derechos humanos para que por medio de su institucionalidad asuman responsabilidades que permitan investigar y esclarecer estos hechos; especialmente a:
- La Fiscalía General de la Nación, para que, en su condición de titular de la Acción Penal, y aprovechando los medios de la Policía Judicial, investigue lo ocurrido con el ánimo de esclarecer los hechos.
- La Defensoría del Pueblo y Procurador General de la Nación, para que, conforme a sus funciones misionales y legales, realicen seguimiento a los hechos.
- La personería municipal del Alto Baudó, para que verifiquen y tomen las declaraciones de la comunidad sobre los hechos
- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que, en el marco de su mandato, se desarrollen las actuaciones que correspondan, previniendo nuevas afectaciones a los derechos de los integrantes de las comunidades indígenas de la zona.
- Solicitamos a todas las entidades con asiento en la Comisión de Derechos Humanos de Los Pueblos Indígenas – CDDHHPPII, conformada mediante el decreto 1396 de 1996 y de acuerdo al mismo, tomen concertadamente las medidas urgentes alas que haya lugar, de acuerdo con sus funciones misionales y obligaciones constitucionales y legales.
“Salvaguardar la vida implica la defensa y protección al territorio, rechazamos el genocidio declarado a los Pueblos Indígenas”
