Con las palabras de armonización del abuelo indígena Carlos Jipa Castro del pueblo Murui, se dio inicio al Órgano de Interlocución y Coordinación con el Movimiento Indígena, un espacio instalado por la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPPII) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para establecer un diálogo directo con la nueva dirección general de la UBPD, en representación de Luz Janeth Forero Martínez.

El Órgano de Interlocución y Coordinación con el Movimiento Indígena, surge como resultado del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada realizado en el año 2018, el cual hace parte del protocolo de relacionamiento y coordinación entre la UBPD y los Pueblos Indígenas de Colombia. De allí, se plantean estrategias conjuntas orientadas en fortalecer los planes nacionales de búsquedas de personas indígenas dadas por desaparecidas. Un importante espacio para los Pueblos Indígenas, como lo afirma el ex constituyente Francisco Rojas Birry, “como mandato constitucional estos espacios son legales, donde la nación indígena y la institucionalidad se sientan a dialogar. Es un deber constitucional devolver los muertos y desaparecidos a sus dolientes”.

Durante el primer día de diálogo de acercamiento, Gabriel Felipe Burbano Achicanoy, Director Técnico de Participación de la UBPD, presentó las cifras que han sido recolectadas a través de los sistemas de información de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) y la UBPD, con corte a 15 de mayo de 2023, donde indica que en “el Universo de Personas Dadas por Desaparecidas hay 2.719 registros de personas dadas por desaparecidas con pertenencia indígena. De ellas, 2.120 son hombres, 467 mujeres y 132 sin información”.

Sin embargo, la UBPD indicó la importancia de seguir consolidando esta información, debido a que las cifras que arroja el Universo de Personas Dadas por Desaparecidas contribuyen el análisis del contexto y a todo el proceso investigativo, donde se pretende plantear una metodología de búsqueda masiva y sistemática.

Otro aspecto de gran relevancia es el Registro de Solicitudes de Búsqueda de Personas Indígenas Dadas por Desaparecidas, los datos obtenidos por la UBPD, correspondientes al período 1957-2016, con corte a 15 de mayo de 2023, indica que se ha registrado un total de 1.009 personas indígenas dadas por desaparecidas. Donde los departamentos con mayor número de personas indígenas dadas por desaparecidas son: Cauca con 171, seguido de Meta 87, Nariño 77, Putumayo 75, Antioquia 70, Guaviare 60. Caldas 56 y Guajira 52. Por esta razón, es fundamental que la UBPD avance en el ejercicio de depuración que permita establecer las cifras más exactas y contratadas.

Para la CDDHHPPII es fundamental que, desde la misionalidad de la UBPD se continúe reconociendo los saberes, prácticas y cosmogonía de los Pueblos Indígenas, que permita la búsqueda de personas indígenas dadas por desaparecidas, logrando acuerdos importantes entre la UBPD y las cinco organizaciones indígenas que integran la CDDHHPPII, entre las que se encuentran aunar esfuerzos tradicionales, ancestrales, técnicos, financieros y administrativos para el fortalecimiento del Órgano de Interlocución y Coordinación con el Movimiento Indígena. Al igual que la ejecución de los Planes Operativos Indígenas, donde se indican los procedimientos, acciones, actividades, principios y rutas que debe seguir la UBPD para la búsqueda de personas indígenas dadas por desaparecidas o que se encuentren en territorios indígenas, teniendo en cuenta el contexto y la dinámica del conflicto armado y sus afectaciones.

La Secretaría Técnica Indígena de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPPII) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con sus consejerías de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz; Mujer, Familia y Generación; Medicina Tradicional y Salud Occidental; Educación Propia e Intercultural, así como la Coordinación Nacional de Juventud, se desplazaron hasta Quibdó, en el departamento del Chocó, con el propósito de escuchar las denuncias y testimonios sobre la crisis humanitaria y territorial que actualmente afrontan los pueblos indígenas del Chocó, tras años de abandono estatal, violencia armada, pobreza y falta de oportunidades.

Por tal motivo, las organizaciones indígenas que integran la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Departamento del Chocó, solicitan una sesión urgente en el territorio, tanto con el Gobierno Nacional, como departamental y local, para concertar una ruta que contenga la emergencia humanitaria y territorial, en la que además participen el Ministerio Público, la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) y la Mesa Permanente de Concertación (MPC), ya que concluyeron que tras seis años de firmado el Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz, aún persiste la violencia y abandono de años anteriores.

Y es que la situación de los indígenas del Chocó se ve agravada no solo por la persistencia de la violencia ejercida por los actores armados en sus territorios, sino también por los suicidios infantiles y juveniles, la contaminación industrial de la naturaleza, el desconocimiento de los territorios ancestrales, el déficit en educación, salud y proyectos socioeconómicos, y la no concertación de las políticas y presupuestos públicos que les conciernen.

Nuevamente, las problemáticas de salud afectan a los niños indígenas del Chocó, en esta ocasión 10 pequeños del pueblo indígena Emberá Dobidá, pertenecientes a la comunidad Jagual Chintadó, del Resguardo Rio Jagual Chintadó, ubicado en el municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó, debieron ser trasladados, el día de hoy, hacia el municipio antioqueño de Turbo, vía aérea con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, luego de reportarse la muerte de cuatro menores de edad en las últimas semanas.

De acuerdo a la información ofrecida por el Gobernador de la comunidad Jagual, Diomedes Rubiano, los síntomas que presentan los niños son: fiebre, diarrea, vómito, tos, dolor de cabeza, asfixia y granos en la piel. Igualmente, adultos mayores y otros habitantes de la comunidad muestran la misma sintomatología.

Desde el sábado, día en el que la organización de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor denunció y alertó sobre esta situación, la Secretaría Técnica Indígena de la CDDHHPPII emprendió junto a Gobierno Mayor, la articulación con el gobierno nacional, departamental y de los municipios de Riosucio y Turbo el traslado de 12 niños y un adulto mayor con sus respectivos acompañantes, hacia el hospital Francisco Valderrama del municipio antioqueño, donde ya reciben atención especializada. Además, se logró no solo el traslado de los niños, sino también la atención a la comunidad en el territorio, por parte de un equipo médico integrado por profesionales de Quibdó y Riosucio.

Es así como desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, extendemos un agradecimiento a todas las instituciones y entidades del orden nacional, departamental y municipal que colaboraron y se comprometieron en está ocasión con la niñez indígena del Chocó. Y esperamos que el Gobierno Nacional se comprometa en garantizar el derecho a la vida, salud e integridad física de las comunidades indígenas del Chocó y en especial de su niñez.

Desde la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas-CDDHHPPII y la Coordinación de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de La Amazonía Colombiana – OPIAC, extendemos un saludo y un abrazo esperanzador a las familias y demás personas cercanas de los pasajeros y del piloto de la avioneta C206 de matrícula HK 2803 que cubría la ruta Araracuara – San José del Guaviare, la cual se encuentra extraviada cerca de la capital del Guaviare.

Informamos que, entre los pasajeros de la avioneta, se encuentra el líder Indígena Herman Mendoza Hernández, miembro de la Comisión y un gran referente en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía y de Colombia.

A partir del momento en el cual se conoció la noticia, el Equipo Técnico de la Secretaría de la CDDHHPPII se mantiene en comunicación directa con la Fuerza Aérea Colombiana y la gerencia de la empresa aérea. Hasta el momento, se confirma que aún se emiten señales desde la avioneta y que las labores de búsqueda son realizadas por aeronaves y una misión en tierra desde Cachiporro.

Igualmente, elevamos una denuncia ante la Aeronáutica Civil de Colombia, las entidades de control y las que competan, para que realicen un control más estricto en el estado de mantenimiento de las aeronaves que vuelan en estas Áreas No Municipalizadas, ya que se reciben constantes quejas del mal estado de las avionetas que prestan los servicios.

 Ponemos en manos del creador y la madre naturaleza, la vida y seguridad del mayor Herman, el piloto y los demás ocupantes de la avioneta desaparecida.

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS – CDDHHPPII

-DECRETO 1396 DE 1996-

Con el propósito de realizar una visita de verificación y asistencia humanitaria a la comunidad indígena San Francisco en el Amazonas colombiano, un equipo técnico de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPPII) y de la Coordinación de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), se desplazó desde Leticia, en transporte fluvial por el caudaloso río Loretoyacu, hasta esta comunidad del Resguardo Tikuna, Cocama y Yagua, situada a 20 minutos de la cabecera municipal de Puerto Nariño.

Ya en el lugar, las Autoridades del Resguardo Tikuna, Cocama y Yagua decidieron realizar el taller de verificación y asistencia humanitaria en la Maloca, sitio sagrado donde se teje la palabra y se compartieron experiencias entorno a la defensa de los Derechos Humanos y legislación indígena.

Asimismo, la Secretaría Técnica de la CDDHHPPII orientó a los abuelos, líderes, lideresas y jóvenes de la comunidad sobre cómo afrontar posibles situaciones de vulneración de Derechos Humanos en las que puedan verse involucrados; también sobre temas de jurisprudencia constitucional en materia de reconocimiento y protección indígena. Además, se logró identificar y recepcionar las principales afectaciones que presenta la comunidad, teniendo en cuenta que habitan en una de las regiones más apartadas de Colombia y el acceso a servicios básicos como agua potable y alcantarillado es escaso, por lo que para el consumo y preparación de los alimentos utilizan agua de lluvia y para el aseo personal, lavan y se bañan en el rio Loretoyacu.

Por otra parte, tanto los abuelos, como las Autoridades se encuentran preocupados por la pérdida del uso de la lengua materna en los niños y niñas de los pueblos Tikuna, Cocama y Yagua, ya que la lengua materna constituye la base estructural del pensamiento, de las tradiciones y cultura, pues a través de ella mantienen su identidad. Y ante un posible desarraigo cultural y pérdida de tradiciones ancestrales, la comunidad requiere liderar procesos que permitan recuperar y conservar la lengua propia, especialmente en los más pequeños.

En este mismo espacio, se reconoció la importancia de fortalecer los liderazgos indígenas, invitar e incluir más a los jóvenes a las reuniones o espacios de participación donde se discuten temas coyunturales, para así fortalecer los procesos de liderazgo tradicional indígena, el ejercicio de control territorial y la protección ambiental, pues la comunidad Indígena San Francisco se ha caracterizado por ser protectora del medio ambiente. Como parte de su cosmovisión, consideran el territorio como fundamento de vida y del pensamiento tradicional. Actualmente, habitan 140 familias que unen esfuerzos por el cuidado y preservación de los elementos que le brindan la tierra, para así vivir en armonía. Vale la pena destacar que la seguridad alimentaria y nutricional se obtiene de la pesca y como bebida tradicional se consume el Copoazú.

Frente a los temas territoriales se evidenció el saneamiento de algunos predios, la falta de medios de transporte y la finalización de un proyecto de vivienda que se estaba construyendo en la comunidad y cuyas obras quedaron sin terminar. Igualmente, una queja recurrente de la comunidad es sobre el servicio que presta la Registraduría Nacional de Puerto Nariño, ya que no cuenta con un enfoque diferencial indígena, por lo tanto, la asesoría y atención es deficiente.

Para la Secretaría Técnica Indígena de la CDDHHPII y la Coordinación de Derechos Humanos de la OPIAC, es de suma importancia realizar este tipo de acompañamientos, con los que se espera continuar fortaleciendo a las Autoridades territoriales en temas de defensa de sus derechos y conocimiento de los mecanismos de defensa y de garantía de los mismos. Al igual que para conservar las relaciones armónicas en busca del equilibrio físico y espiritual del territorio.

La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas – CDDHHPPII y la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, remite la presente denuncia y solicitud a todas las autoridades competentes, para la atención de 30 familias que han sido desplazadas forzadamente de sus territorios por el ESMAD y la policía, resultado del desalojo ilegal del territorio ancestral de la comunidad Wayuú Santa Clara, en Riohacha, por orden de la Inspección de Policía del municipio.

La comunidad Indígena Santa Clara del Pueblo Wayuú en el kilómetro siete de la vía Riohacha – Valledupar, la conforman más de 50 familias (en su mayoría mujeres, niños y adolescentes) que habitan ancestralmente el lugar, “reconocido legalmente como parte del sistema de sitios sagrados Línea Negra – Seshiza por Decreto Presidencial 1500 de 2018”, según afirma la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras en su Oficio del 09 de mayo de 2022 (rad. 202226200393362), por lo que:

SOLICITAMOS

1. -Al ESMAD, Inspección Municipal de Policía y Alcaldía Municipal de Riohacha: Respetar el cordón humanitario conformado por la comunidad para proteger sus familias y territorio, y suspender de forma inmediata la diligencia de lanzamiento por las razones expuestas.
2. -A las Oficinas de DDHH de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa: Las directrices nacionales para respetar y proteger el cordón humanitario, ordenar la suspensión del desalojo e impedir el uso de la fuerza armada contra la comunidad.
3. -Al Ministerio del interior y la Consejería Presidencial para los DDHH: Coordinar las acciones interinstitucionales para proteger a la comunidad en riesgo de agresiones de la fuerza pública, despojos ilegales y desplazamiento forzado.
4. -A la Defensoría del Pueblo: La emisión de las alertas tempranas de rigor y el acompañamiento integral requerido por la comunidad, para proteger su integridad y derechos, frenar las agresiones de la fuerza pública, despojos ilegales y desplazamientos en su contra.
5. -A la Procuraduría General de la Nación: El seguimiento e investigación a las entidades y funcionarios públicos involucrados en el proceso de agresión armada y despojo contra esta población de especial protección constitucional.
6. -Al Sistema de Naciones Unidas en Colombia: El llamamiento al Estado Colombiano y su acompañamiento para proteger el cordón humanitario organizado por la comunidad, evitar el desalojo, uso de la fuerza armada y desplazamiento de las familias de Santa Clara.

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS – CDDHHPI

-DECRETO 1396 DE 1996-

El pasado viernes 21 de abril, Claudia Queragama recibió una de las más tristes noticias de su vida, su pequeño Jadiel Grepson murió bajo el cuidado de una madre sustituta del ICBF en Bogotá. El bebé nació el 31 de enero de este año, antes de las semanas esperadas para el parto, a las 31 semanas, por lo que debió pasar sus primeros dos meses de vida internado en el Hospital de Suba.

El 30 de marzo, el niño fue dado de alta, conectado a oxígeno, su madre que hace parte de la comunidad Emberá que se encuentra desplazada en la capital colombiana y alojada en la UPI de La Florida, sabía que mientras lo tuviera con ella en ese lugar, no podría brindarle las condiciones necesarias para mejorar su salud, por lo que con dolor en su corazón, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que Jadiel fuera puesto bajo el cuidado de una madre sustituta del ICBF, por un tiempo.

Se sabe que el bebé presentaba problemas respiratorios, por algo estaba conectado a oxígeno, pero lo que no se sabe aún es ¿por qué en estas semanas que estuvo bajo el cuidado de una madre sustituta del ICBF, nunca se le informó a Claudia sobre el avance de salud de su bebé? ¿qué sucedió con el bebé en las últimas horas de vida? ¿por qué nunca se le informó a Claudia que su bebé estaba mal? ya que como lo cita textualmente el comunicado de prensa publicado en la página web del ICBF, “el día 21 de abril presentó algunas complicaciones respiratorias y fue trasladado al servicio de urgencias donde fallece por sus complicaciones de salud de base” y ¿por qué no hubo, ni ha habido un acompañamiento psicológico del ICBF desde el primer momento de la muerte del pequeño?

Aún Medicina Legal no ha entregado el dictamen de la muerte de Jadiel, pero Claudia en medio del dolor de la pérdida de su hijo, si exige respuestas, por esta razón hoy, como Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas no solo nos unimos al dolor de su pérdida, sino también denunciamos ante la opinión pública, los medios de comunicación y el Gobierno Nacional, este nuevo caso de la muerte de un menor Emberá en Bogotá. Continuaremos acompañándola en este proceso con el fin de conocer cuáles fueron las causas reales de la muerte de Jadiel Grepson.

La comunidad indígena ‘Agua Negra’ ubicada en el municipio de Milán, departamento de Caquetá, afronta una de las tragedias ambientales más difíciles para su resguardo, debido a los daños ocasionados por un fuerte vendaval, el pasado sábado 15 de abril del presente año, el cual destruyó no solo las casas de muchos de los habitantes, también la sede del CRIOM, la sede de la Casa de Mujer Indígena Coreguaje, una casa comunal y la escuela donde estudiaban más de 60 niños.

De acuerdo con la información entregada por Álvaro Piranga, Gobernador del Resguardo Agua Negra, “los techos de la mayoría de las casas quedaron por fuera de su lugar, es una preocupación urgente por la afectación psicológica de los habitantes, en especial los mayores, mayoras y niños”.

Desde que se reportó esta emergencia, la Secretaría Técnica Indígena de la CDDHHPPII avanza en la articulación institucional para reunir las ayudas humanitarias necesarias que garanticen el bienestar de las familias afectadas, pues casi a una semana de esta tragedia, aún el resguardo continúa esperando la ayuda gubernamental.

Con este objetivo, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas se ha reunido presencialmente con la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres y de forma virtual con la Gobernación del Caquetá, la Alcaldía de Milán y personal del ICBF departamental, esperando muy pronto poder aportar a la reconstrucción de estás comunidades indígenas, pues a una semana de esta tragedia aún el gobierno local y departamental no han desarrollado una ruta de acción humanitaria para la entrega de kits de aseo, comida, frazadas y ropa.